El caso Erial y la petición de que sea enjuiciado en la Audiencia Nacional planteada por el abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP, Eduardo Zaplana, ha generado un debate sobre la competencia territorial y la conveniencia de trasladar el caso a Madrid. Sin embargo, considero que esta petición es infundada y responde a una estrategia dilatoria por parte de la defensa.

En primer lugar, es importante recordar que el caso Erial investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. Estos hechos se habrían producido en el ámbito territorial de la Comunitat, por lo que es lógico que el juicio se celebre en Valencia, donde se cometieron los delitos.

El abogado de Zaplana argumenta que los presuntos hechos delictivos se cometieron principalmente en el extranjero, por lo que la Audiencia Nacional sería competente para tramitar el caso. No obstante, no se ha presentado ninguna prueba contundente que respalde esta afirmación. Además, el propio fiscal sostiene que el delito de cohecho se consumó en Luxemburgo, pero también reconoce que los hechos relacionados con el cohecho se produjeron en Valencia, donde se concertaron las adjudicaciones de contrataciones públicas.

Es importante destacar que la territorialidad es un principio fundamental en la administración de justicia. Los delitos deben ser juzgados en el lugar donde se cometieron, ya que es allí donde se encuentran los elementos probatorios y las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Trasladar el caso a la Audiencia Nacional supondría un desplazamiento innecesario de recursos y una dilación en el proceso judicial.

Además, es importante señalar que la Audiencia Nacional se ocupa principalmente de casos de corrupción de gran envergadura, como Gürtel, Púnica o el caso Koldo. El caso Erial, si bien es relevante, no alcanza la magnitud de estos casos y su enjuiciamiento en la Audiencia Nacional no sería acorde con la gravedad y la complejidad de otros casos que se tramitan en este tribunal.

En conclusión, considero que la petición de que el caso Erial sea enjuiciado en la Audiencia Nacional carece de fundamentos sólidos y responde a una estrategia dilatoria por parte de la defensa. La territorialidad y la conveniencia de juzgar los delitos en el lugar donde se cometieron deben primar en este caso. El tribunal ha tomado la decisión correcta al rechazar la petición y continuar el juicio en Valencia.