La denuncia presentada por Vox ante la Audiencia Nacional en relación a la ‘Korrika’ es, a mi parecer, un claro ejemplo de la instrumentalización de la justicia con fines políticos. Esta formación política ha utilizado la vía judicial para intentar censurar y criminalizar un acto cultural y festivo, que busca promover el uso y la difusión de la lengua vasca.
Es importante recordar que la ‘Korrika’ es una carrera popular que se celebra desde hace décadas en Euskadi y Navarra, con el objetivo de reivindicar y promover el euskera. Durante el recorrido, se exhiben diferentes pancartas y fotografías que representan la diversidad de la sociedad vasca y su compromiso con la lengua y la cultura vasca.
En este caso, Vox ha denunciado la exhibición de fotografías de condenados de ETA durante la ‘Korrika’. Si bien es cierto que estas personas han sido condenadas por su participación en actos terroristas, no se puede negar que forman parte de la historia reciente del País Vasco y, por tanto, de la sociedad vasca. Mostrar estas fotografías no implica un enaltecimiento del terrorismo, sino que pretende generar reflexión y debate sobre el pasado reciente de la región.
La denuncia de Vox también alega que la exhibición de estas fotografías difunde un mensaje de odio y violencia, especialmente hacia las víctimas del terrorismo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el objetivo de la ‘Korrika’ no es promover la violencia, sino todo lo contrario: busca fomentar el respeto, la convivencia y la diversidad cultural en Euskadi.
Además, resulta llamativo que Vox critique la difusión de este mensaje a través de las redes sociales, cuando precisamente esta formación política ha hecho un uso intensivo de estas plataformas para difundir sus propias ideas y mensajes políticos. Parece que solo se critica la difusión de mensajes diferentes a los propios.
En definitiva, la denuncia presentada por Vox ante la Audiencia Nacional es un claro intento de censura y criminalización de un acto cultural y festivo. Utilizar la vía judicial para perseguir y silenciar la expresión cultural y lingüística de una comunidad es una actitud autoritaria y antidemocrática. La diversidad cultural y lingüística debe ser valorada y respetada, y el uso de la justicia para imponer una única visión política es un grave atentado contra los derechos fundamentales.