El artículo de opinión crítico se titula: «La politización del poder judicial: un peligro para la democracia»
En la actualidad, la independencia y neutralidad del poder judicial se encuentran en entredicho debido a la politización que algunos jueces están llevando a cabo en sus decisiones. Un claro ejemplo de esto es el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien recientemente ha emitido un auto en el que ve violación de Derechos Humanos en las lesiones sufridas por los policías durante los altercados causados por el ‘Tsunami Democràtic’ tras la sentencia del 1-O.
Es preocupante que un juez, cuya función principal debería ser la de aplicar imparcialmente la ley, se permita hacer declaraciones y emitir decisiones con claras connotaciones políticas. En lugar de buscar la justicia y la aplicación objetiva de la ley, García Castellón parece estar más interesado en hacer política y aprovechar su posición para influir en el panorama político.
Resulta especialmente alarmante que el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, defienda la actuación de García Castellón, sugiriendo que debería dejar de hacer política o pasarse a la política de una vez. Esto demuestra una comprensión errónea de los roles y responsabilidades de los diferentes poderes del Estado. El poder judicial no debe ser utilizado como una herramienta para la promoción de intereses políticos, sino como un garante de la imparcialidad y la justicia.
La politización del poder judicial es un peligro para la democracia y para el Estado de Derecho. Cuando los jueces toman decisiones basadas en consideraciones políticas en lugar de fundamentarse en la ley y los principios jurídicos, se socava la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y se debilita la separación de poderes, uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia.
Es evidente que la política se ha convertido en un campo de batalla en el que unos buscan la destrucción de otros. Sin embargo, el poder judicial no debe caer en esta dinámica destructiva. Su papel es garantizar la aplicación justa de la ley, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y actuar como contrapeso frente a los abusos de poder.
Es imperativo que se tomen medidas para salvaguardar la independencia del poder judicial y evitar su politización. Los jueces deben ser seleccionados y promovidos en base a su capacidad profesional y su integridad, y no por su afinidad política. Asimismo, es necesario establecer mecanismos de control y rendición de cuentas para garantizar que los jueces actúen de manera imparcial y objetiva en todo momento.
La politización del poder judicial es una amenaza para la democracia y para el Estado de Derecho. Es responsabilidad de todos los actores políticos y de la sociedad en su conjunto velar por la independencia del poder judicial y asegurar que este cumpla con su función de forma imparcial y justa. Solo así podremos mantener la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema judicial y garantizar la igualdad ante la ley.