Serrano (PP) critica el uso por parte del Gobierno de «todos los mecanismos del Estado para encubrir escándalos» como la amnistía o el ‘caso Koldo’

El uso de los resortes del Estado para tapar escándalos políticos y económicos es una práctica que no debería ser tolerada en una democracia. Sin embargo, parece ser la estrategia que está utilizando el Gobierno de España actualmente. La reciente filtración de información sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por parte de la Fiscalía General del Estado es solo un ejemplo de cómo se están utilizando las instituciones del Estado para atacar a aquellos que no son afines al gobierno.

Es preocupante que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya admitido haber filtrado información privada de un particular que no tiene ninguna relación con el ámbito político. Esta acción ha sido reprobada por el Colegio de Abogados de Madrid, el Colegio de la Abogacía de España y la Asociación de Fiscales de España. Es evidente que el fiscal general está actuando bajo el paraguas del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y del Partido Socialista, en lugar de cumplir con su deber de manera imparcial y objetiva.

El hecho de que un fiscal general del Estado tenga la reprobación absoluta del sistema judicial es algo sin precedentes en nuestra democracia. Esto demuestra que García Ortiz está solo y que está utilizando su posición para servir a intereses políticos en lugar de garantizar la justicia y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Además, resulta alarmante que el Gobierno esté utilizando todo su poder para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y violar los principios de protección de datos, derecho al honor y derecho a la presunción de inocencia de un ciudadano anónimo. Esta forma de actuar es propia de una mafia y no de un gobierno democrático.

Es importante destacar que estas prácticas no solo afectan a las personas que están siendo atacadas actualmente, sino que también sientan un precedente peligroso para el futuro. Si el Gobierno es capaz de utilizar los resortes del Estado para atacar a ciudadanos anónimos, ¿quién nos asegura que no lo hará también con otras personas en el futuro?

Es evidente que el Gobierno actual está contra las cuerdas y se siente impune. Ha tratado de controlar todo tipo de instituciones y ahora está utilizando estos resortes del Estado para tapar escándalos políticos y económicos. Sin embargo, debemos recordar que en una democracia nadie está por encima de la ley y que todos los ciudadanos tienen derecho a la justicia y al respeto de sus derechos fundamentales.

A pesar de estos intentos de amedrentamiento, es importante que la sociedad no se deje intimidar y continúe luchando por la transparencia, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales. No podemos permitir que el Gobierno actúe como una mafia y utilice su poder para silenciar a aquellos que se atreven a cuestionarlo.

En conclusión, el uso de los resortes del Estado para tapar escándalos políticos y económicos es una práctica inaceptable en una democracia. El Gobierno actual está utilizando estas tácticas para atacar a aquellos que no son afines y violar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es importante que la sociedad se mantenga firme en su defensa de la justicia y los derechos fundamentales, y no permita que el Gobierno actúe impunemente.

Redacción

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