La noticia sobre la ampliación de capital de Banco Popular en 2016 y las acusaciones de estafa a inversores y falsedad contable por parte del expresidente Ángel Ron y otros directivos, así como la falta de investigación sobre la resolución del banco en junio de 2017, plantean serias dudas sobre la justicia y la transparencia en el sistema bancario.
En primer lugar, resulta preocupante que los inversores hayan sido engañados en la ampliación de capital de 2016, ya que los estados financieros no reflejaban la verdadera situación del banco. Esto demuestra una falta de ética por parte de los directivos y una negligencia en la presentación de información precisa a los inversores. Es inaceptable que los inversores confíen en la solidez de una entidad bancaria y luego descubran que han sido estafados.
Por otro lado, llama la atención la falta de investigación sobre la resolución del banco en 2017. A pesar de las irregularidades encontradas en la ampliación de capital, el juez ha archivado la causa para el expresidente Emilio Saracho, alegando que tomó medidas para evaluar el balance del banco. Sin embargo, esto no debería ser motivo suficiente para eximir de responsabilidad a los directivos y a la firma PwC.
Es aún más preocupante que, según el expresidente Ron, Banco Popular era solvente, viable y rentable en el momento de su resolución. Si esto es cierto, ¿por qué se tomó la decisión de resolver el banco y venderlo a través de un procedimiento de subasta competitiva? ¿Por qué no se investigó de manera adecuada la resolución irregular de la entidad? Estas preguntas deben ser respondidas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema bancario.
Además, resulta sorprendente que la investigación se haya centrado en la ampliación de capital de 2016 y no en la resolución del banco. Si los peritos judiciales han certificado la existencia de irregularidades, ¿por qué no se investiga la resolución que puso fin al banco de manera irregular? Esto plantea serias dudas sobre la imparcialidad de la investigación y la posible existencia de intereses ocultos que no se están teniendo en cuenta.
En conclusión, la noticia sobre la ampliación de capital de Banco Popular en 2016 y la falta de investigación sobre la resolución del banco en 2017 plantean serias dudas sobre la justicia y la transparencia en el sistema bancario. Es necesario que se realice una investigación exhaustiva y se haga justicia para los inversores afectados. El sistema bancario debe ser transparente y responsable, y los directivos deben rendir cuentas por sus acciones.