Renovación de la colaboración entre Gobierno Vasco, Eudel y CGPJ para brindar ayuda a personas afectadas por desahucios

El convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco, la Asociación de Municipios Vascos-Eudel y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para atender a personas en situaciones de especial vulnerabilidad afectadas por lanzamientos por impago de rentas o desahucios por impago de hipoteca es un paso en la dirección correcta, pero aún presenta algunas deficiencias.

En primer lugar, es preocupante que el convenio tenga una vigencia de cuatro años. Si bien es cierto que el documento recoge la evolución normativa desde 2013, es importante recordar que la situación de vulnerabilidad de las personas puede cambiar rápidamente y es necesario estar actualizados con la realidad social en todo momento.

Además, aunque se destaca que Euskadi ha visto reducido el número de lanzamientos en un 18,2% en 2021 en comparación con 2019, esto no significa necesariamente que la situación de vulnerabilidad esté mejorando. Es posible que las medidas temporales adoptadas debido a la pandemia y la suspensión de desahucios hayan influido en esta reducción, pero es necesario abordar las causas estructurales que llevan a estas situaciones.

En cuanto a la mediación, es positivo que se refuerce y se integren las nuevas casuísticas recogidas en los cambios normativos. Sin embargo, es fundamental asegurarse de que los mediadores sean profesionales capacitados y neutrales, que tengan en cuenta tanto los intereses de los propietarios como los de los inquilinos en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, es necesario garantizar que los informes de vulnerabilidad económica emitidos por la administración autonómica sean objetivos y rigurosos. Esto es especialmente importante en el caso de los grandes tenedores de vivienda, quienes deben recibir una evaluación justa de su situación.

Otro aspecto que merece atención es la comunicación entre los órganos judiciales y los servicios sociales. Si bien es positivo que se establezca la comunicación de oficio por parte del juzgado a los servicios sociales correspondientes, es fundamental que esta comunicación sea ágil y efectiva, y que no se dilaten los plazos en la toma de decisiones.

En resumen, si bien el convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco, Eudel y el CGPJ es un paso en la dirección correcta para atender a personas en situaciones de especial vulnerabilidad, es necesario seguir trabajando en mejorar los mecanismos de protección y apoyo. Es fundamental que las medidas adoptadas sean efectivas, ágiles y se ajusten a la realidad social en constante cambio. Solo así se podrá garantizar una verdadera protección a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Redacción

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