La noticia que se presenta plantea un caso en el que la Audiencia Nacional ha decidido suspender de manera cautelar la ejecución de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que instaba al Ministerio de Transportes a proporcionar documentación sobre los problemas de medidas de los trenes diseñados para Cantabria y Asturias.
Esta decisión de la Audiencia Nacional es crítica y cuestionable, ya que pone en entredicho el derecho fundamental de acceso a la información y la transparencia en la administración pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene como objetivo garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer la gestión y las decisiones de los organismos públicos, por lo que su resolución debería haber sido acatada y cumplida por el Ministerio de Transportes.
La suspensión de la ejecución de la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por parte de la Audiencia Nacional parece dar prioridad a los intereses de la compañía ferroviaria Renfe, en lugar de proteger el derecho de la ciudadanía a conocer la información relevante sobre los problemas de los trenes y los túneles de la red ferroviaria en Cantabria y Asturias.
Es preocupante que la Audiencia Nacional haya decidido suspender la ejecución de la resolución sin tener en cuenta los argumentos y derechos de la reclamante, que exigía información sobre las actuaciones de Renfe Viajeros y el acuerdo de cese del responsable de gestión del material y del resto de personal de la empresa relacionado con este asunto. Esta decisión parece favorecer la opacidad y la falta de transparencia en la gestión de los organismos públicos.
Además, resulta alarmante que Renfe haya interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Consejo de Transparencia y haya pedido la suspensión de la misma. Esto demuestra una actitud de resistencia a la transparencia y a la rendición de cuentas por parte de la compañía ferroviaria.
En resumen, la suspensión de la ejecución de la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por parte de la Audiencia Nacional es una medida que socava el derecho fundamental de acceso a la información y pone en entredicho la transparencia en la administración pública. Es necesario que se garantice el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y se fomente una cultura de transparencia y rendición de cuentas en los organismos públicos.