La noticia revela el posicionamiento del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en relación a la investigación sobre Carles Puigdemont por presunto terrorismo en la causa de ‘Tsunami Democràtic’. En este sentido, el ministro respalda la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quien argumenta que Puigdemont no debería ser investigado por terrorismo.
En primer lugar, es necesario destacar que el ministro se muestra inclinado hacia la posición de Carballo ya que, según él, es el especialista en terrorismo. Sin embargo, resulta preocupante que se desacredite a los fiscales del Tribunal Supremo y al propio Tribunal Supremo, alegando que no son los que conocen de los delitos de terrorismo. Esta afirmación desestima la labor de estos profesionales y pone en duda su capacidad para analizar y decidir sobre este tipo de delitos.
Además, el ministro hace referencia a la pertenencia de Carballo a la Asociación de Fiscales, la cual describe como mayoritaria en la carrera y de corte conservador. Esta afirmación parece sugerir que los fiscales conservadores no pueden ser sospechosos de ser «rojos peligrosos», lo cual es una generalización injusta y poco fundamentada. La pertenencia a una asociación no debería determinar la imparcialidad y competencia de un profesional.
Por otro lado, el ministro resalta que la decisión final de investigar a Puigdemont recae en la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde. Si bien es cierto que la Fiscalía fija su posición de manera jerárquica, es importante recordar que esta decisión debe basarse en criterios jurídicos y no en influencias políticas o personales.
En cuanto a la propuesta de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que Junts vote a favor de la ley de amnistía, el ministro considera que vincular esta reforma exclusivamente a la medida de gracia no es lo más conveniente desde un punto de vista jurídico. Si bien es comprensible que las investigaciones judiciales pueden prolongarse, esto no debe ser utilizado como argumento para mezclar distintas cuestiones legales y políticas.
El ministro también menciona la falta de ayuda por parte del Partido Popular, aludiendo a que este partido forma parte del problema y debería brindar más comprensión en la gestión de la realidad de Cataluña. Si bien es válido esperar colaboración entre los partidos políticos, resulta inapropiado utilizar este tema como argumento para impulsar la ley de amnistía.
En conclusión, el artículo de opinión crítico destaca la falta de fundamentación y la desestimación de la labor de los fiscales del Tribunal Supremo por parte del ministro Óscar Puente. Además, se cuestiona la vinculación exclusiva entre la reforma de la LeCrim y la ley de amnistía, así como el uso de la falta de ayuda del Partido Popular como argumento para impulsar la amnistía. Es necesario que los argumentos se basen en criterios jurídicos y se respete la independencia de los profesionales encargados de administrar justicia.