La decisión del juez Santiago Pedraz de ordenar el cierre de la aplicación de mensajería Telegram ha generado críticas por parte de la secretaría de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez. En su opinión, esta medida es «injusta, censora y desproporcionada», ya que prioriza el interés de las empresas denunciantes frente a los millones de usuarios que hacen un uso legítimo de la aplicación.

Pérez califica esta decisión como una «auténtica censura» que atenta contra las libertades de los ciudadanos y también perjudica a pequeñas empresas que utilizan Telegram de forma legal. Es preocupante que, en lugar de proteger y promover la libertad de expresión y comunicación, se esté limitando el acceso a una plataforma utilizada por tantas personas.

Sin embargo, lo más alarmante es el silencio del bipartidismo y otros partidos políticos frente a esta situación. Resulta sorprendente que no se pronuncien ante una medida que claramente atenta contra las libertades de los ciudadanos. Es responsabilidad de los partidos políticos defender y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, y su falta de reacción ante esta situación es preocupante.

La censura y limitación de la libertad de expresión son temas que deben ser tomados en serio por todos los sectores de la sociedad. No se puede permitir que intereses económicos y empresariales primen sobre los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Es necesario que se abra un debate público sobre esta cuestión y se busquen soluciones que protejan la libertad de expresión y comunicación en el ámbito digital.

En resumen, la decisión del juez de cerrar la aplicación de mensajería Telegram es una medida desproporcionada, injusta y censuradora. Es preocupante el silencio del bipartidismo y otros partidos políticos ante esta situación, ya que deberían ser los primeros en defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Es necesario que se abra un debate público sobre la limitación de la libertad de expresión en el ámbito digital y se busquen soluciones que protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos.