Artículo de opinión: La impunidad en el caso del Banco Popular
El caso del Banco Popular sigue dando que hablar. Después de varios años de investigación, la Audiencia Nacional ha reabierto la causa y ahora se solicita la declaración testifical de importantes figuras del Banco de España y de la Comisión Europea. Todo esto surge a raíz de las «evidentes contradicciones» encontradas en el informe de los peritos del Banco de España, quienes aseguraron que la ampliación de capital de 2012 fue una «buena inversión».
El despacho Durán y Durán Abogados, representando a pequeños accionistas del Banco Popular, ha solicitado la declaración de Luis María Linde, exgobernador del Banco de España en esa época, Margarita Delgado, actual subgobernadora del BdE, y Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea. También se solicita la declaración de otros trece funcionarios del BdE que tuvieron relación directa con el caso.
Además de estas declaraciones, se ha presentado un nuevo informe pericial realizado por Prosper Lamothe, doctor en Economía y Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. En este informe se revela la existencia de posibles manipulaciones en la información presentada por el Banco Popular antes de la ampliación de capital y se demuestra que las pérdidas reales en el ejercicio 2012 fueron mucho mayores de lo anunciado a los inversores.
Lo más preocupante de este caso es la impunidad con la que parecen actuar las altas esferas financieras. A pesar de las evidentes irregularidades y contradicciones encontradas, se sobreseyó el caso siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró que la ampliación de capital se realizó conforme a la legislación vigente y fue sometida a los controles pertinentes.
Sin embargo, el informe pericial presentado por Prosper Lamothe demuestra claramente que hubo manipulaciones en la información presentada por el Banco Popular, lo que permitió ocultar la verdadera situación financiera de la entidad. Esta manipulación impidió a los inversores y al mercado ajustar la cotización de la acción a la realidad del banco, lo que resultó en pérdidas millonarias para los pequeños accionistas.
Es necesario que se haga justicia en este caso y se investigue a fondo la responsabilidad de los altos cargos del Banco de España y de la Comisión Europea. No se puede permitir que queden impunes aquellos que han jugado con el dinero de los pequeños accionistas y han causado graves perjuicios económicos. Los afectados merecen una respuesta y aquellos responsables deben ser sancionados de acuerdo con la ley.
Esperemos que la Audiencia Nacional realice todas las diligencias necesarias y tome en cuenta las declaraciones de los testigos solicitados por el despacho Durán y Durán Abogados. Solo así se podrá esclarecer la verdad y se podrá hacer justicia en este caso. No podemos permitir que la impunidad reine en el sistema financiero y que los pequeños accionistas sean las víctimas de los abusos de poder.
