La sentencia del Juzgado de Menores de Santander que condena a cuatro menores, a sus progenitores y a un colegio de la capital cántabra por un caso de acoso escolar ha generado controversia. La Asociación Tolerancia Cero al Bullying considera que esta sentencia no es una victoria, sino un parche ante la carencia de soluciones eficaces dentro del sistema actual.

El colectivo argumenta que judicializar asuntos de menores no es la solución para erradicar el acoso escolar. Aseguran que cuando los adultos responsables y profesionales no actúan de manera suficiente para frenar una situación de acoso que degrada la dignidad y la experiencia educativa de un menor, la respuesta no puede ser simplemente recurrir a la vía judicial.

Tolerancia Cero al Bullying sostiene que es necesario incidir en la prevención y en la formación eficaz para detectar y actuar correctamente ante el acoso escolar. Además, consideran fundamental una intervención imparcial que proporcione todas las garantías y en la que el protocolo no sea el fin de una situación de bullying, sino una herramienta para resolver los posibles conflictos.

Esta postura crítica hacia la sentencia y el enfoque actual de las Administraciones y la comunidad educativa revela la falta de soluciones efectivas para combatir el acoso escolar. Es evidente que algo sigue fallando en el planteamiento actual, y es necesario reflexionar sobre cómo abordar este problema de manera más eficiente.

La sentencia en cuestión describe los hechos ocurridos durante casi un curso completo, en los que cuatro menores actuaron de común acuerdo para menoscabar gravemente la integridad moral de la víctima. Insultos y agresiones físicas eran parte del día a día de este alumno, quien sufrió tanto a nivel emocional que tuvo que ser atendido en el servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla.

La condena impuesta a los cuatro menores incluye tareas socioeducativas durante diez meses y una indemnización de 4.000 euros para la víctima. Estas medidas buscan mantener la escolaridad, favorecer el desarrollo moral y capacidades empáticas, y promover la inserción sociolaboral y habilidades sociales.

Esta sentencia, aunque puede ser considerada un avance en la lucha contra el acoso escolar, no es suficiente. Es necesario que las instituciones educativas aborden de manera integral este problema, implementando estrategias de prevención, formación y una intervención imparcial que brinde todas las garantías necesarias.

En conclusión, la sentencia del Juzgado de Menores de Santander en el caso de acoso escolar es solo un parche ante la falta de soluciones eficaces. No podemos seguir judicializando situaciones que deberían resolverse dentro del entorno educativo. Es necesario un enfoque más preventivo, formativo e imparcial para erradicar el acoso escolar de una vez por todas.