El caso Mako Mira ha generado una gran controversia en la opinión pública debido a las acusaciones de «uso indebido» de recursos públicos por parte del Servicio de Atención Sanitaria a las Urgencias y Emergencias de la Comunidad Valenciana. Ante esta situación, resulta sumamente preocupante la postura elusiva y poco comprometida de la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez.
En primer lugar, resulta inadmisible que la máxima responsable de la justicia en la Comunidad Valenciana eluda pronunciarse sobre un caso que involucra presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos. Como representante del sistema judicial, es su deber garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los ámbitos de la administración pública. Su falta de opinión y desconocimiento del informe de Antifraude muestra una clara falta de compromiso con su responsabilidad como consellera.
Además, resulta alarmante que Núñez señale que Mako Mira no está bajo su responsabilidad. Como máxima autoridad de justicia e interior, debería estar comprometida con la investigación y el esclarecimiento de cualquier caso que involucre a funcionarios públicos. Su indiferencia ante las actuaciones judiciales demuestra una falta de sensibilidad y un menosprecio hacia la importancia de la transparencia y la justicia en el ejercicio de la función pública.
Por otro lado, resulta alentador que el síndic de Vox, José Mª Llanos, haya calificado la actuación de la secretaria autonómica como «condenable» y haya instado a la consellera de Hacienda, Ruth Merino, a tomar medidas al respecto. Es fundamental que los responsables políticos actúen con firmeza y diligencia ante cualquier indicio de corrupción o malversación de fondos públicos. Solo así se podrá restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
En conclusión, la actitud de la consellera de Justicia e Interior ante el caso Mako Mira es sumamente preocupante. Su falta de compromiso y elusión de responsabilidades demuestran una clara falta de ética y profesionalismo. Es fundamental que los responsables políticos actúen con transparencia y firmeza en la lucha contra la corrupción y el mal uso de recursos públicos. Solo así se podrá garantizar una justicia imparcial y una administración pública responsable.