El ejercicio del derecho a la protesta es un pilar fundamental de una sociedad democrática y plural, ya que permite a los ciudadanos expresar su descontento y demandar cambios en las políticas públicas. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos sido testigos de una tendencia preocupante por parte de algunos grupos de utilizar la violencia y el caos como estrategia para llamar la atención y lograr sus objetivos.
La noticia que nos ocupa hoy es la reclamación de más de 150 entidades y personalidades catalanas para que se retire la acusación de terrorismo contra la causa del Tsunami Democràtic. Estas organizaciones argumentan que «protestar no es terrorismo» y exigen que se tomen medidas para parar la utilización de la justicia en una supuesta persecución política.
Es comprensible que exista preocupación por la detención y acusación de personas que participaron en las movilizaciones sociales relacionadas con el proceso independentista en Cataluña. Sin embargo, es importante recordar que el derecho a la protesta no ampara ni justifica el uso de la violencia o la alteración del orden público.
La acusación de terrorismo no puede ser tomada a la ligera, ya que implica la existencia de actos violentos, la amenaza de causar daño a terceros y el intento de desestabilizar el orden institucional. Si bien es cierto que no todos los manifestantes son violentos, y que la mayoría de las protestas se llevan a cabo de manera pacífica, no se puede ignorar la presencia de grupos radicales que buscan aprovecharse de estas movilizaciones para generar caos y violencia.
Es responsabilidad de las autoridades investigar y juzgar los actos violentos de manera adecuada. Si se ha encontrado evidencia que vincula a la causa del Tsunami Democràtic con la comisión de actos terroristas, es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el orden público.
Por otro lado, resulta preocupante la afirmación de que la investigación de la Audiencia Nacional tiene como objetivo desgastar al Gobierno estatal y a la mayoría parlamentaria en la tramitación de la ley de amnistía. Este tipo de acusaciones infundadas solo contribuyen a socavar la confianza en las instituciones y en el sistema judicial.
Es importante recordar que vivimos en un Estado de Derecho, donde la separación de poderes es fundamental para garantizar la justicia y la democracia. El poder judicial tiene la función de investigar y juzgar los actos delictivos, sin importar a quién afecte o cuáles sean las implicaciones políticas.
En conclusión, el derecho a la protesta es un derecho fundamental en una sociedad democrática, pero no puede ser utilizado como excusa para cometer actos violentos o alterar el orden público. La acusación de terrorismo debe ser tomada en serio y las autoridades deben investigar y juzgar los actos delictivos de manera adecuada. Además, es importante evitar las acusaciones infundadas que socavan la confianza en las instituciones y en el sistema judicial.