La noticia sobre la creación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Lugo y la designación de Emilia Casas como su presidenta genera ciertas interrogantes y críticas desde una perspectiva jurídica y administrativa.
En primer lugar, es importante destacar que la designación de Emilia Casas, ex presidenta del Tribunal Constitucional, puede generar ciertas dudas sobre la imparcialidad y la independencia de este tribunal. Si bien es cierto que Casas cuenta con una larga trayectoria y reconocimiento en el ámbito jurídico, su nombramiento podría interpretarse como una forma de politizar este órgano, ya que su experiencia y conocimientos están más relacionados con el derecho constitucional que con la contratación pública.
Además, resulta cuestionable el hecho de que el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, haya optado por profesionales de primer nivel con un perfil eminentemente técnico, pero que no cuentan con experiencia específica en materia de contratación pública. Es fundamental que los miembros de este tribunal posean conocimientos especializados en esta área, ya que se encargarán de resolver recursos relacionados con contratos administrativos, y su falta de experiencia podría generar decisiones poco fundamentadas y generar inseguridad jurídica.
Por otro lado, resulta llamativo que el funcionamiento de este tribunal no suponga nuevos costes para la diputación, ya que los miembros del tribunal no cobrarán un sueldo, sino que recibirán una dieta por cada día que se reúnan. Esto plantea interrogantes sobre la calidad y la dedicación de los profesionales que formarán parte de este tribunal, ya que, al no contar con una remuneración adecuada, podrían no tener el tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo su labor de manera eficiente y efectiva.
Además, el hecho de que el personal de apoyo del tribunal sea proporcionado por la propia diputación plantea preocupaciones sobre la independencia y la imparcialidad de este órgano. Es fundamental que el tribunal cuente con personal propio y especializado que no esté influenciado por los intereses de la diputación, para garantizar un proceso objetivo y justo.
En resumen, la creación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Lugo y la designación de Emilia Casas como su presidenta plantean ciertas dudas sobre la imparcialidad, la independencia y la experiencia de este órgano. Es fundamental que los miembros de este tribunal cuenten con conocimientos especializados en materia de contratación pública y que se les proporcione los recursos necesarios para llevar a cabo su labor de manera eficiente y efectiva. De lo contrario, esta iniciativa podría generar inseguridad jurídica y debilitar la confianza en las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la transparencia en la contratación pública.
