«¡Una asistente se enfrenta a agentes de la Policía Nacional en un juicio por el acceso a un piso en Madrid!»
En el transcurso del juicio contra seis agentes de la Policía Nacional que irrumpieron en un piso de la calle Lagasca en 2021, se ha producido un sorprendente giro. El inquilino del piso, a través de su abogado, ha retirado la acusación contra cuatro de los agentes, señalando que estos actuaron siguiendo «órdenes erróneas» para disolver una fiesta ilegal en plena pandemia.
Este anuncio, realizado durante las conclusiones finales del juicio, ha dejado sin acusación a cuatro de los agentes, quienes han abandonado la sala emocionados tras su absolución ‘in situ’, sin necesidad de una sentencia. Además, la fiscal Inmaculada Sánchez ha retirado el delito de allanamiento de morada del que inicialmente acusaba a los agentes, argumentando que se trató de un error vencible de tipo, no contemplado en el Código Penal.
El abogado Juan Gonzalo Ospina, defensor del inquilino, ha modificado la acusación tras visionar los vídeos de la intervención, en los que se aprecia que los agentes actuaron siguiendo órdenes erróneas del jefe del operativo. Según Ospina, se debe retirar la acusación debido a un «error de convicción invencible» por parte de los agentes, quienes actuaron en base a la información proporcionada por sus superiores.
Sin embargo, la acusación se mantiene para el subinspector y otro subordinado, quienes fueron los responsables de la intervención y grabaron las imágenes con cámaras personales. Para ellos, se solicita una pena de dos años y medio de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta. En caso de dudas sobre el dolo, el abogado pedirá una condena de un año y tres meses de cárcel y tres años de inhabilitación, argumentando que actuaron bajo un error de prohibición vencible, ya que podrían haber consultado a un superior sobre la legalidad de su actuación.
El juicio también ha evidenciado la existencia de vídeos grabados por los propios agentes, en los que se muestra cómo intentaron forzar la cerradura del piso durante media hora. Durante la intervención, los agentes advirtieron en repetidas ocasiones que iban a derribar la puerta debido a las infracciones de la ley de seguridad ciudadana, el incumplimiento de las normas Covid y la comisión de un delito flagrante.
Durante el forcejeo con los asistentes, una de las jóvenes detenidas llegó a enfrentarse verbalmente con los agentes, llegando a decir: «¡no saben dónde coño se han metido éstos!». Posteriormente, insultó a otras asistentes al grito de «zorras que os jodan» después de que estas manifestaran su deseo de abrir la puerta. La joven, quien estaba opositando para abogada del Estado, acabó llorando en un rincón debido a la preocupación de tener antecedentes penales.
El juicio, que se originó a raíz de una queja de los vecinos, resultó en ocho detenidos por resistencia a la autoridad. La joven detenida que estudiaba Derecho solicitó un ‘habeas corpus’ para comparecer inmediatamente ante el juez, alegando una posible detención ilegal.
Durante la sesión del juicio, se proyectaron los vídeos grabados por los agentes, en los que se escuchan las advertencias sobre el uso de la fuerza y se citan los artículos de la ley de seguridad ciudadana que se estaban vulnerando. A pesar de las negativas de los asistentes a abrir la puerta, los agentes finalmente accedieron al piso utilizando un ariete y procedieron a la detención de los presentes.
El abogado defensor ha denunciado la utilización de cámaras personales por parte de los agentes, argumentando que están prohibidas. Además, ha solicitado que se impute a los agentes por revelación de secretos. Sin embargo, el presidente del juicio ha rechazado esta solicitud.
Durante la sesión, también se ha escuchado una conversación entre un Jefe de la Policía Municipal de Madrid y el subinspector, en la que el primero felicita al agente por su actuación.
En cuanto a la difusión de los vídeos, la fiscal ha solicitado que se requisaran los dispositivos electrónicos de una persona presente en el público, quien habría anunciado en redes sociales la intención de difundir los vídeos. Aunque el magistrado ha rechazado esta petición, ha advertido sobre la posibilidad de incurrir en un delito al difundir imágenes del juicio.