Los criterios del sistema de autorización de la UEFA y la FIFA, defendidos por la RFEF, son calificados como «transparentes y no discriminatorios». Sin embargo, es importante analizar con detenimiento esta afirmación y cuestionar si realmente se cumplen estos principios en la práctica.
En primer lugar, la RFEF argumenta que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no cuestiona la licitud del sistema de autorización de competiciones internacionales por parte de la UEFA y la FIFA. Si bien es cierto que la sentencia no pone fin a ningún monopolio, sí deja en claro que existen requisitos que deben cumplirse. Sin embargo, no se puede asegurar que el sistema cumpla con los principios de transparencia y no discriminación, ya que no se conocen a fondo los criterios establecidos ni se ha hecho una evaluación exhaustiva de su aplicación.
Además, el representante legal de LaLiga afirma que el proyecto de la Superliga presentado en 2021 fue rechazado únicamente debido a la falta de atractivo del mismo. Sin embargo, esto parece simplificar demasiado la realidad. El rechazo generalizado en todos los sectores implicados y en las diversas instituciones nacionales o comunitarias con responsabilidad en la materia demuestra que existían serias preocupaciones sobre la viabilidad y el impacto de este proyecto. No se puede atribuir exclusivamente el fracaso a una supuesta campaña orquestada por la UEFA, como se sugiere.
La RFEF también destaca que el acceso a las competiciones europeas debe basarse en los resultados en las ligas nacionales, lo cual es un principio válido. Sin embargo, es importante evaluar si este criterio se aplica de manera justa y equitativa. ¿Se dan las mismas oportunidades a todos los clubes, independientemente de su tamaño o recursos económicos? ¿Existen mecanismos para evitar la concentración de poder en manos de unos pocos clubes poderosos? Estas son preguntas que deben responderse para determinar si el sistema de autorización es realmente transparente y no discriminatorio.
En cuanto a las acusaciones de anticompetitividad, la RFEF argumenta que las reacciones negativas al proyecto de la Superliga no responden a un propósito anticompetitivo, sino a la preocupación legítima de proteger el modelo futbolístico europeo. Sin embargo, es importante recordar que las instituciones europeas, los gobiernos, las aficiones y otros actores implicados tienen el derecho y la responsabilidad de velar por la competencia justa y el equilibrio en el fútbol. Si existen preocupaciones sobre la concentración de poder o el impacto negativo en las ligas nacionales, es legítimo que se expresen y se tomen medidas para proteger el interés general.
En resumen, la afirmación de que los criterios del sistema de autorización de la UEFA y la FIFA son transparentes y no discriminatorios debe ser cuestionada. Si bien es importante reconocer los esfuerzos por garantizar la homogeneidad y coordinación de todas las competiciones, es necesario realizar una evaluación exhaustiva de los criterios establecidos y su aplicación en la práctica. Solo así podremos determinar si el sistema realmente cumple con los principios de transparencia y no discriminación, y si se protegen los intereses de todos los actores involucrados en el fútbol.