La reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuotas de pesca en aguas comunitarias establecidas para 2024 ha generado el pedido de la Xunta de Galicia de revisar de inmediato estas cuotas. El TJUE ha indicado que las posibilidades de pesca deben tener en cuenta no solo el aspecto ambiental, sino también las necesidades socioeconómicas de la flota.
Esta decisión ha sido respaldada por España, quien ha solicitado la inclusión en la agenda de las consideraciones relacionadas con el ‘pilar socioeconómico’ de la gestión pesquera. El TJUE ha avalado la posibilidad de fijar posibilidades de pesca superiores a las recomendadas por los científicos, con el objetivo de no amenazar la actividad de la flota.
Ante esta nueva doctrina establecida por el TJUE, es necesario llevar a cabo una revisión al alza de las cuotas en la próxima reunión de los ministros europeos. Esta demanda es coherente con la petición histórica de Galicia de equilibrar los tres pilares de la Política Pesquera Común: el ambiental, el social y el económico.
Es importante destacar que esta decisión del TJUE certifica que las flotas comunitarias están compuestas por trabajadores y empresas que se verían afectados por las reducciones y posibles cierres de pesquerías si no se tienen en cuenta los informes sobre el impacto socioeconómico de las limitaciones de cuotas.
Esta situación pone de manifiesto la necesidad de tener en cuenta no solo los aspectos ambientales, sino también los socioeconómicos en la gestión de la pesca. Los pescadores y las empresas pesqueras son parte fundamental de la economía y el tejido social de las comunidades costeras, por lo que es fundamental garantizar su sostenibilidad y viabilidad económica.
Esperamos que los ministros de Pesca de la UE tomen en consideración esta nueva doctrina establecida por el TJUE y lleven a cabo una revisión al alza de las cuotas de pesca en aguas comunitarias. Es necesario encontrar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y las necesidades socioeconómicas de la flota, para garantizar la continuidad de la actividad pesquera y el bienestar de las comunidades costeras.