Francisco Javier San Martín, nacido en León en agosto de 1956, es especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, materia sobre las que ha impartido múltiples conferencias. Licenciado en Derecho y Graduado Social por la Universidad de León, el presidente del Consejo de Graduados Sociales de España desde 1996, ha sido profesor de dicha universidad y, desde 1989, se dedica también a la abogacía y a la asesoría de empresas.
LA TRIBUNA DEL DERECHO: Inmigración y seguridad laboral son algunos de los elementos sobre los que va a girar el I Congreso Iberoamericano del Trabajo y de la Seguridad Social que han organizado desde el Consejo General de Graduados Sociales, y cuya celebración es ya inminente, ¿qué nuevo punto de vista puede aportar la inmigración al tema de la seguridad laboral?
Javier San Martín: El colectivo de Graduados Sociales, con su trabajo, mide a diario la siniestralidad laboral y en ese análisis hemos detectado que un alto porcentaje de accidentes de trabajo se producen precisamente entre la población extranjera trabajando en España. En este congreso analizaremos los flujos migratorios y las consecuencias que éstos tienen en el mercado laboral, especialmente en los accidentes de trabajo por desconocimiento, principalmente por parte del trabajador extranjero, de las medidas de prevención de riesgos existentes en España. El análisis comparativo entre las leyes de prevención de riesgos laborales de los países asistentes al Congreso, arrojará información muy valiosa para frenar esta lacra social.
T.D.:¿Cuáles son los objetivos a la hora de instaurar este importante encuentro internacional?
J.S.M.: El objetivo fundamental es analizar desde el punto de vista del profesional del derecho del trabajo, las causas y los factores que dan lugar a los accidentes de trabajo, especialmente en la población extranjera trabajando en España y comparar legislaciones así como procedimientos, protocolos y sobre todo, sistemas y medios, tales como la Inspección de Trabajo para la vigilancia y el control del trabajo de calidad.
T.D.: Pese a contar con una profusa regulación en materia de prevención de riesgos laborales, la incidencia de los accidentes laborales en nuestro país continúa siendo preocupante, ¿considera que falta cultura de prevención?
J.S.M.: Creo que si, la cultura en la prevención no solamente por parte del empresario que aún no esta convencido de la necesidad de la formación, y en la inversión necesaria, sino también en el trabajador que la mayor parte de las veces por desconocimiento se enfrenta con trabajos de mucho riesgo, sin la adecuada formación para ello.
T.D.:.: Tanto desde el Consejo General de Graduados Sociales como desde el ámbito de la judicatura laboral, se reclama desde hace tiempo una Ley integral de Accidentes de Trabajo. ¿Cree que existe riesgo regulatorio en este ámbito? ¿Considera que se produce un “pagan justos por pecadores” a la hora de individualizar la responsabilidad concurrente en el accidente laboral?
J.S.M.: .: Riesgo , ninguno, es absolutamente necesaria la Ley Integral de Accidentes de Trabajo, para que conozca la Jurisdicción Social de todas las responsabilidades derivadas de un accidente , a excepción salvo está de la Jurisdicción Penal y en efecto, pagan Justos por Pecadores, toda vez que en muchas ocasiones por el entramado jurídico en la depuración de la responsabilidad, el trabajador percibe no solo el daño físico o psíquico, sino también el económico y desde otro punto de vista, la criminalización del accidente de trabajo da lugar a que el Derecho penal se convierta en el ariete de un castigo desproporcionado para el empresario o para los mandos intermedios en los accidentes de trabajo, dejando en muchas ocasiones al verdadero culpable sin ningún tipo de consecuencia. El Derecho penal no es el remedio de todos los males de la sociedad y en ese caso menos, hay recursos en las normas laborales y administrativas más que suficientes como para sancionar conductas culpables sin necesidad de las penas privativas de libertad que en la mayoría de los casos ni se cumplen.
T.D.: La evolución de la tasa de empleo constituye sin duda uno de los indicadores más fiables del estado de salud de una economía. En la coyuntura económica actual, ¿qué elementos habrían de introducirse en la mesa de Diálogo Social, para tratar de impulsar la creación de empleo?
J.S.M.: Sin lugar a dudas un trabajo más controlado con un sistema contractual menos difuso y más concreto. La amalgama de contratos y regimenes de seguridad social da lugar a un trabajo precario. Es necesario reducir el número de tipos de contratos y establecer la temporalidad como remedio a la creación de empleo. Y sobre todo, rebajar la indemnización de 45 días de salario establecida en el despido improcedente. Es una cantidad que lejos de generar estabilidad en el empleo provoca una disminución en la contratación. Además no entiendo cómo por una parte los sindicatos se oponen a rebajar esta cifra y sin embargo facilitan la creación de relaciones laborales encubiertas como el TRADE (Trabajador Autónomo Dependiente) o permiten que las trabajadoras del hogar, carezcan de contrato, de desempleo, de indemnización general, etc… es una autentica barbaridad . Nuestro Derecho del Trabajo precisa de forma urgente de una regulación general. Si es trabajo, será trabajo con idénticas responsabilidades para todos. Pero sin embargo no es así, hay trabajo de primera, de segunda y de tercera división aún. Los Sindicatos lo saben, el Gobierno lo sabe y todos los sabemos pero nadie toma las riendas de una reforma en profundidad del Derecho del Trabajo.
T.D.: ¿Considera que la crisis económica que atravesamos puede terminar con la prolongada paz sindical que ha disfrutado nuestro mercado laboral?
J.S.M.: La crisis económica que estamos viviendo en España es terrible y los Graduados Sociales que tanta ayuda y asesoramiento realizamos a las pequeñas y medianas empresas lo sabemos bien. Desde mi punto de vista, o las organizaciones sindicales cambian sus planteamientos en las negociaciones colectivas dando mayor flexibilidad o por el contrario, la paz social se verá seriamente desestabilizada. Ahora bien, creo que es el Gobierno quien debe de intervenir proponiendo una reforma importante del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Ya va siendo hora de pensar en un nuevo Código Laboral (Estatuto de los Trabajadores) que contenga una normativa más adecuada a los tiempos en los que vivimos, ya va siendo hora de que reformemos nuestras estructuras jurídicas y actualicemos las leyes laborales a la realidad.