Entiende la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que no debió archivarse la causa por parte del juez Santiago Premaz, como así entendió también la Fiscalía, contra Mariam Beitialarrangoitia, alcaldesa de Hernani perteneciente al partido proetarra ANV, por cuanto su actuación no tiene encaje en el derecho de libertad de expresión.

El juez Pedraz había entendido que la alcaldesa, cuando pidió “un chaparrón de aplausos” para los supuestos autores de la matanza de la T4, estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y defendía así sus ideas, pues en ningún caso, para el citado juez, se trataba de una “exaltación o justificación de métodos terroristas”. Al fin y al cabo, la alcaldesa únicamente pretendía apoyar a los supuestos terroristas por los “malos tratos” (de ningún modo acreditados, por cierto) que habían padecido, expresando “un sentimiento de respeto a la situación de estas dos personas” (incursas en un proceso penal por haber asesinado, no lo olvidemos, a dos personas inocentes en un brutal y salvaje atentado).

Las torturas

Las torturas son un recurso continuado por parte de los terroristas. Tienen orden de denunciarlas sistemáticamente una vez que hayan sido detenidos. Tal es así que incluso en los manuales internos de la banda criminal les explican cómo deben hacerlo para que sea más efectivo.

Es tal el fanatismo de los asesinos que incluso llegan a creerse que, en efecto, no es una denuncia falsa sino que realmente se les tortura en las cárceles. Ese es el motivo por el que sufren crisis de ansiedad cuando son detenidos, a la espera, según creen ellos, de lo que les queda por delante.

Sin embargo, la realidad es otra muy distinta y la labor de la Policía debe ser defendida por todos (naturalmente, condenando con todo el peso de la ley aquellos casos en los que esta regla tenga alguna excepción). Tal y como sostuvo el fiscal Ignacio Gordillo en su recurso de apelación contra el auto del juez Pedraz, “manifestar que toda la policía española comete de forma sistemática tortura es desacreditar, menospreciar y ofender a todas las fuerzas de seguridad de nuestro país». Por eso la actuación de la alcaldesa proetarra es especialmente grave: que «atribuir falsamente a los cuerpos policiales un delito tan grave como es la tortura en un acto público es un claro acto de menosprecio y ofensa a toda la policía española».