Sin embargo, los recientes errores judiciales han puesto en boga los fallos y carencias de nuestro sistema judicial y se ha convertido en una preocupación fundamental para los ciudadanos, por lo que era de esperar un paquete de medidas por parte del presidente que respondieran ante tal inquietud.
En primer lugar, el presidente en funciones se comprometió a emprender una reforma «crucial e inaplazable» de la Administración, ofreciendo al resto de los partidos políticos un pacto para renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (éste último, no puede convertirse, a juicio del presidente, en un «escenario de confrontación partidista»). Atrás quedaron los insultos de los dos titulares de Justicia del gobierno socialista (Juan Fernando López Aguilar llamando al CGPJ «muerto viviente» y Bermejo «órgano ilegítimo), y en este nueva etapa que comienza parece una cuestión primordial para el ejecutivo llegar a un entendimiento con el resto de fuerzas para renovar el CGPJ. Podríamos estar ante una oportunidad para reformar realmente dicho órgano y hacerlo plenamente independiente del poder político, siendo los propios jueces quienes nombraran a su órgano de dirección. Pero no parece que vaya por esta vía la reforma planteada sino más bien al contrario, a juzgar por lo apuntado por un periódico de gran tirada nacional y próximo al partido socialista, que abogaba por un mayor control del CGPJ por parte del parlamento.
En segundo lugar, el presidente abordó la cuestión del caso Mari Luz. «No hay razón ni interés ni resistencia que pueda prevalecer sobre el clamor de los ciudadanos», dijo en clara alusión a los últimos errores judiciales: «trágicos fallos del sistema que han permitido hechos que nunca debieron ocurrir y por los que todos nos sentimos deudores con quienes lo han padecido». Y hace bien en sentirse deudor pues dichos errores se han producido en los cuatro años de su legislatura sin que su gobierno hubiera hecho nada por mejorarlo. La única iniciativa que se puso en marcha para modernizar la administración de Justicia y con ella, solucionar los graves problemas de la estructura lenta y arcaica de la que gozamos, fue la famosa Oficina Judicial, un fiasco del Gobierno que quedó finalmente en nada, por no haber partida presupuestaria que pudiera hacer frente a las reformas.
En un discurso plagado de buenas intenciones, el presidente mostró su interés en reforzar los Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas, lo cual va más en consonancia de medidas que buscan un titular y una noticia en un telediario que la solución a ningún problema. Más bien al contrario, la Justicia en España no necesita de más órganos sino que los que ya hay funcionen correctamente y de forma independiente.
No hubo ni una sola palabra dirigida a la huelga de los funcionarios, felizmente concluida después de varios meses de paro que han producido graves perjuicios a los ciudadanos, y cuya responsabilidad y consecuencias pesan sobre los hombros del actual ministro en funciones, Fernández Bermejo.
