La Tribuna del Derecho

El currículum macabro de Santiago del Valle pone los pelos de punta. Después de abusar de su propia hija de siete años fue condenado y puesto en libertad después sin haber terminado de cumplir su pena. Tiempo después el degenerado acosó a una estudiante del Instituto de Gijón, lo que tuvo como consecuencia una orden de alejamiento. Y, finalmente y si la Policía y la Justicia lo confirman, su última hazaña le ha costado la vida a una criatura de cinco años. Estremecedor. Un ejemplo de cómo el sistema judicial, de la mano de una ley excesivamente condescendiente con el delincuente y no con la víctima, no han funcionado, con trágicas consecuencias.

En la mente de todos está la gran pregunta: ¿qué pasará cuando el presunto pederasta vuelva a la calle, tras cumplir los años que se le impongan? ¿Quién lo querrá tener como vecino? ¿Está defendiendo el estado de derecho a la sociedad en general, y a la próxima niña de cinco años en particular?

Ha sido el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, quien ha puesto de nuevo sobre la mesa la posibilidad de instaurar en España la cadena perpetua. Y lo ha hecho en Telemadrid, en el programa El Círculo a Primera Hora que dirige Ely del Valle.

López abogaba por la defensa de la cadena perpetua incluso al abrigo de la Constitución española: «La cadena perpetua es perfectamente constitucional si hay un juicio de revisión. Es decir, si cada cierto tiempo se puede revisar la situación del recluso y, en caso de que esté en condiciones de ser reinsertado, concretar la pena a una duración determinada». Un sistema que existe en otros países de nuestro entorno como Alemania, Gran Bretaña y Francia, y en este último país, donde “por ejemplo, la pertenencia a banda de malhechores en grado de dirección se pena con 20 años, por eso, allí, los etarras cumplen las penas de manera efectiva y total mientras que aquí, no».

Puede ser éste un tema para ser estudiado por el nuevo ejecutivo que tiene la obligación de defender a los ciudadanos como fin último del estado de derecho, y dejar en la calle a asesinos de niños, aunque pasen veinte años en la cárcel, no parece que invite al sueño tranquilo.