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En esa reunión, la mesa de negociación llegó al acuerdo de someter a los funcionarios la última propuesta del Ministerio para su aprobación.

En la carta remitida por Fernández Bermejo se señala que las organizaciones firmantes del convenio no han cumplido su compromiso, al menos en dos aspectos esenciales:

“Primero: no se ha permitido la participación de los funcionarios de la Administración de Justicia –como se convino- sino sólo de los funcionarios que han secundado la huelga hasta la fecha, condición que por cierto se reconocía o no, en el acto de la votación, por los propios representantes sindicales, a criterio de cada uno de éstos. Es claro que el convenio no fue que sólo los huelguistas opinaran, sino que lo hicieran todos los funcionarios, como dice el texto firmado el día 1º de abril. No es, pues, lo pactado”.

“Segundo: los representantes sindicales no sometieron el convenio a referéndum para su aprobación, sino que promovieron su rechazo o desaprobación. Tampoco fue esto lo pactado, pues por pura lógica (como bien se comprenderá) no hubiera sido firmado el convenio, es decir el acta y la propuesta y ni siquiera ésta se habría formulado, si en el seno de la Mesa de Negociación los representantes sindicales hubieran manifestado que propondrían la desaprobación o rechazo”.

El Ministerio de Justicia considera que lo ocurrido es “más que un incumplimiento un verdadero fraude, contrario a las exigencias de buena fe negocial que la ley impone”. La carta añade que “proponer la desaprobación de nuestra propuesta e impedir el voto de los no huelguistas (condición otorgada o negada sin control alguno) no fue lo pactado y viola las exigencias de buena fe”.

No obstante, el Ministerio de Justicia sigue manifestando su voluntad firme de poner fin al conflicto cuanto antes y para ello ha convocado hoy jueves a las 10.00 horas a una nueva reunión de la mesa de negociación.

Por otra parte, se ha elaborado una instrucción destinada a ampliar los servicios mínimos establecidos. Se trasladará otra instrucción dirigida a los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y, en general, a todos los secretarios judiciales, orientada a mejorar el cumplimiento de los servicios esenciales, que no están desarrollándose adecuadamente. Con esta instrucción se pretende garantizar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.

Redacción

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