TRIBUNA DEL DERECHO

La Tribuna del Derecho

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La ponente GARCÍA DE CECA BENITO [P García De Ceca Benito, SAPM de 29 de julio de 2005, en RVDPA,1, 2007 § 354. Se puede consultar en la web: www.leyprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal] comienza llamando la atención sobre varios extremos. El primero de ellos parece centrarse en la idea según la cual la nueva disciplina que instaura la LA de 2003 incentiva una mayor diligencia y lealtad en quien opta por el arbitraje y en quienes, a su vez, han de resolver las controversias sometidas a arbitraje. De entrada y de pasada nada más, la LA, cuando regula el plazo para pronunciar el laudo arbitral, parte de una premisa que parece poseer antecedentes en la LA de 1988. Su punto de partida se sustenta en tipificar un plazo o término legal en el que ha de pronunciarse el laudo arbitral que, según el artículo 37.2. LA, es de seis meses. Ese plazo para laudar [seis meses] podía haber sido de una duración menor o de una duración mayor. Pero, precisamente, en ello estriba la novedad en este punto de la LA: el plazo para pronunciar el laudo arbitral lo establece el legislador. Es una opción legislativa. Pero, repárese, en que se establece por el legislador siempre que “las partes no hubieren dispuesto otra cosa” (art. 37.2. LA). Por lo tanto, prevalece el principio de autonomía de la voluntad de las partes.

Antes de aventurarme en un análisis en detalle de la opción legislativa, que ha deseado el legislador [siempre que “las partes no hubieren dispuesto otra cosa”], adopto la precaución de atenerme al mentado artículo 37.2. LA que es, a la postre, objeto de estudio. Releído, tengo para mí que aquel precepto parece indicar que, efectivamente, no es posible que el laudo arbitral se pronuncie fuera de plazo y, en su caso, fuera de la prórroga fijada por los árbitros. Según ese precepto los árbitros deben decidir la controversia en el plazo de seis meses siguientes a la fecha de presentación de la contestación a la demanda por el demandado o de expiración del plazo para presentarla y, en su caso, en la prórroga fijada por los árbitros que no podrá exceder de dos meses. Existiendo, por el contrario, en la línea de lo que manifesté más arriba, voluntad negocial de establecer el plazo para laudar, no cabe duda que, la indicación de esa voluntad negocial a través del convenio arbitral vincula a las partes que lo suscribieron. Y, también, a los propios árbitros que deben laudar en el plazo que negocialmente les indicaron las partes en el convenio arbitral. Y por ahí discurrirá de inicio la exigencia de aportar algunas razones suplementarias (en realidad, de autentico peso) como la vertida por CAMPO VILLEGAS (2004, Problemas, pág. 170). para el que el laudo arbitral emitido extemporáneamente sería radicalmente nulo o inexistente por lo que no sería preciso pedir su anulación de conformidad con el artículo 41 LA.

CAMPO VILLEGAS toma partido decantándose en el asunto a encarar: “vencido el plazo, ni hay procedimiento arbitral ni hay árbitros. Quien fue árbitro y ya no lo es, en modo alguno puede proceder a la reapertura del procedimiento ni arrogarse un carácter del que carece. En estas condiciones el documento que pueda elaborar y suscribir el sedicente árbitro no es laudo. No es un laudo -dice el referido CAMPO VILLEGAS- viciado de nulidad, es que no es laudo. Y tan así lo considera la nueva Ley de Arbitraje, que no tipifica expresamente la extemporaneidad del laudo como un motivo de nulidad “ [mejor de anulación en terminología de la vigente LA]. Esta censura (que es difícil no compartir) no entra en liza con quienes, como CHILLÓN MEDINA y MERINO MERCHÁN (2004, Valoración) consideran criticable que no se incluya como motivo de anulación del laudo su pronunciamiento extemporáneo ya que “esto constituye -dicen ambos dos- una importante fuga y desnaturalización de la institución arbitral, que queda en manos del árbitro que puede dictar el laudo cuando estime conveniente sin limitación de tiempo, ya que esta irregularidad no da lugar -dicen los referidos- al nacimiento de la acción de anulación”.

Pero si que entra en pendencia con el parecer de RIVERO HERNÁNDEZ (2004, La prórroga, pág. 133) al aludir a un posible encaje anulatorio del laudo pronunciado fuera de plazo en alguno de los motivos indicados en el artículo 41 LA. Su propuesta se halla, sin duda, errada.

Pese a tamaño error de navegación de RIVERO HERNÁNDEZ, la tesis de no someter a anulación el laudo arbitral pronunciado extemporáneamente es la que finalmente parece acoger el artículo 41.1. LA que no indica, como motivo por el que el laudo puede ser anulado, que se haya pronunciado fuera de plazo. A esta misma propuesta se refirió, en el trámite en el Senado del PLA, el senador popular GUTIERREZ GONZALEZ diciendo que “en cuanto a los motivos de anulación del laudo, volvemos de nuevo a la Ley de 1988, en la que se establece que el laudo emitido fuera de plazo, es decir, más allá de los seis meses, sea nulo y, en consecuencia, controlado a través del recurso de anulación por la Audiencia Provincial. Pues bien, aunque el artículo 41 de este texto [alude al PLA] no contempla esa posibilidad, existe una referencia explícita al artículo 37.2. “in fine” de la propia ley de arbitraje, que indica que la expiración del plazo sin que se haya dictado laudo definitivo determinará la terminación de las actuaciones arbitrales y el cese de los árbitro. En consecuencia, se trata de una determinación genérica dictada desde la perspectiva del artículo 37, que además no afectaría al convenio arbitral, con lo que podría reproducirse el propio procedimiento arbitral. En este caso estaríamos de nuevo ante el consenso de las partes, lo que en mi opinión es una solución más acertada que establecer de forma imperativa una nulidad de pleno derecho porque se haya dictado un laudo fuera de plazo”.

La ponente GARCÍA DE CECA BENITO adopta la diligencia de ubicarse en la tesis planteada de la que, de seguido, se le puede sacar gananciosa punta. La ponente GARCÍA DE CECA BENITO, con prestancia doctoral y simplificando protocolos proclama, sin adornos retóricos, esencialmente que “el incumplimiento del plazo para emitir el laudo, sólo puede llevar a la conclusión de que no ha querido dotarse a ese incumplimiento procedimental del efecto de anular la resolución arbitral” [P García De Ceca Benito, SAPM de 29 de julio de 2005, en RVDPA,1, 2007 § 354. Se puede consultar en la web: www.leyprocesal.com, en la Sección: Base de datos de jurisprudencia procesal].

Y aquí es a dónde yo quería llegar.

*Abreviaturas utilizadas: RVDPA: Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje; SAPM: Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Para Más información sobre la Corte Vasca de Arbitraje en la web: www.leyprocesal.com

Bibliografía consultada: E. Campo Villegas. Problemas de forma en el laudo arbitral, en Justicia Alternativa nº 5 de 2004; J. Mª. Chillón Medina y J. F. Merino Merchán. Valoración crítica de la nueva Ley de Arbitraje, en LA LEY, número 5945 de 2004; F. Rivero Hernández. La prórroga del plazo para dictar laudo arbitral, en Justicia Alternativa nº 5 de 2004.

*FOTO: Catedrático de Derecho Procesal y de Derecho de Arbitraje de la Universidad del País Vasco. Presidente (h.) de la Corte Vasca de Arbitraje.

Redacción

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