La noticia sobre los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista y su solicitud de suspensión del juicio a raíz de la aprobación de la Ley de Amnistía, plantea varias cuestiones preocupantes.

En primer lugar, es alarmante que se esté considerando la aplicación de una ley de amnistía para los miembros de una organización terrorista. La amnistía es una medida extrema que se utiliza en situaciones de reconciliación nacional o para poner fin a conflictos armados, pero en este caso, se estaría otorgando impunidad a individuos que han sido acusados de delitos graves, como pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos.

Además, la solicitud de suspensión del juicio por falta de competencia del tribunal y por cosa juzgada plantea interrogantes sobre la estrategia de defensa de los acusados. No queda claro cuál es la base legal para argumentar la falta de competencia de la Audiencia Nacional ni la existencia de cosa juzgada en este caso. Estas alegaciones parecen intentos desesperados por evitar el enjuiciamiento y la posible condena de los procesados.

Es importante recordar que, según la investigación judicial, los miembros de los CDR procesados formaban parte de un grupo radicalizado que estaba dispuesto a usar la violencia para conseguir la independencia de Cataluña. Se les atribuye la participación en acciones violentas, como cortar carreteras, levantar barreras de peajes y verter aceite en la vía por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el ‘procés’. Además, se les acusa de planear ocupar el Parlament de Cataluña y llevar a cabo atentados con explosivos.

Ante estas acusaciones tan graves, es fundamental que se garantice un juicio justo y que se aplique la justicia de manera imparcial. La Ley de Amnistía no debería ser utilizada como un mecanismo para evitar la persecución de delitos graves, especialmente cuando se trata de actos de terrorismo. La sociedad tiene derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido y a que se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros actos de violencia.

En conclusión, la solicitud de suspensión del juicio por parte de los miembros de los CDR procesados y la posible aplicación de la Ley de Amnistía plantean serias preocupaciones sobre la búsqueda de impunidad y la falta de rendición de cuentas. Es necesario que se lleve a cabo un juicio justo y que se aplique la justicia con rigor para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad.