El Tribunal Supremo ha rechazado definitivamente la querella presentada por Podemos contra los jueces de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y Joaquín Gadea, alegando prevaricación por reabrir la investigación contra el partido por presunta financiación ilegal. El TS inadmitió la querella argumentando que las decisiones adoptadas por los jueces no fueron injustas ni hubo mala fe. Además, indicaron que los hechos señalados por el testigo «El Pollo» estaban relacionados con la investigación previa que fue archivada en 2016, por lo que los jueces estaban obligados a investigar la nueva información.
Podemos presentó un recurso de súplica que también fue rechazado. En su recurso, el partido se quejaba de que el Supremo no hubiera revisado la causa instruida por los magistrados querellados para evaluar su actuación. Además, afirmaban que se siguió una causa general sin justificación y que el testimonio del testigo carecía de verosimilitud objetiva.
La magistrada Carmen Lamela, ponente del asunto, resolvió que la inadmisión de la querella era ajustada a derecho. Aunque admitió la veracidad de lo relatado en la querella, consideró que los hechos no constituían delitos, por lo que no era necesario investigarlos. Respecto a los supuestos excesos investigadores, el Supremo aclaró que no se había pronunciado sobre la idoneidad y necesidad de las diligencias porque eso ya había sido revisado y resuelto por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En resumen, el Tribunal Supremo ha rechazado la querella presentada por Podemos contra los jueces de la Audiencia Nacional, argumentando que los hechos denunciados no constituyen delitos y que los jueces estaban obligados a investigar la nueva información. Aunque Podemos alegaba excesos investigadores, el Supremo no se pronunció sobre ese aspecto, ya que consideró que había sido revisado por la Audiencia Nacional. Cabe destacar que las pesquisas volvieron a cerrarse, pero surgieron nuevas investigaciones contra el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.
