La noticia que se presenta nos informa de una decisión tomada por la Audiencia Nacional, en la cual se ordena al juez instructor asumir la investigación de varias querellas presentadas por perjudicados en una presunta estafa piramidal relacionada con la comercialización de productos financieros de la empresa Grupo Herrero Brigantina.
En primer lugar, es importante resaltar que este tipo de noticias son muy preocupantes, ya que afectan directamente a los ciudadanos y a su confianza en el sistema financiero. En este caso concreto, se habla de más de 35,000 clientes afectados en toda Europa y una posible cantidad defraudada de 40 millones de euros.
La decisión de la Audiencia Nacional de asumir la investigación es acertada, ya que existen indicios claros de que se ha cometido un delito de estafa. Según las querellas presentadas, el Grupo Herrero Brigantina habría comercializado un producto con conocimiento de que la rentabilidad no sería pagada y sin el respaldo de la aseguradora AXA. Esto demuestra una clara intención de engañar a los inversores y obtener beneficios a costa de ellos.
Es importante destacar que, aunque el juez instructor inicialmente descartó quedarse con el caso al considerar que estaba alejado de las exigencias jurisprudenciales para ser competencia de la Audiencia Nacional, los afectados argumentaron que existían indicios de que los perjudicados estaban distribuidos en diferentes territorios. Además, se menciona que hay al menos 82 personas afectadas y 14 provincias involucradas.
En este sentido, es necesario que la investigación se lleve a cabo en un solo procedimiento, como indica la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esto permitirá concentrar las defensas de las personas afectadas, evitar duplicidades en las diligencias a practicar y garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los investigados.
Además, la posible cuantía de la defraudación, que se estima en 40 millones de euros, supera el límite establecido por la jurisprudencia para atribuir la competencia de la investigación a la Audiencia Nacional (7 millones de euros). Por lo tanto, no cabe duda de que este caso debe ser investigado por un órgano judicial de mayor envergadura.
En conclusión, la decisión de la Audiencia Nacional de asumir la investigación de las querellas presentadas por los perjudicados en esta presunta estafa piramidal es acertada y necesaria. Es importante que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar la justicia. Los afectados merecen una respuesta y las personas responsables deben ser llevadas ante la justicia para que respondan por sus actos.