La noticia que se ha presentado es sumamente preocupante y muestra la gravedad de los delitos cometidos por los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). El hecho de que estén siendo procesados por pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito o fabricación de explosivos, y estragos en grado de tentativa, revela la peligrosidad de sus acciones y la amenaza que representan para la sociedad.
En este sentido, resulta inaceptable que la defensa de los procesados haya solicitado la suspensión del juicio alegando falta de competencia del tribunal y la aprobación de la Ley de Amnistía. Estos argumentos carecen de fundamento jurídico y solo buscan dilatar el proceso y evitar que se haga justicia.
En primer lugar, la Audiencia Nacional es el tribunal competente para juzgar delitos de terrorismo, por lo que la solicitud de suspensión por falta de competencia carece de base legal. Además, la cosa juzgada no puede ser alegada en este caso, ya que los procesados no han sido juzgados previamente por los mismos hechos.
Por otro lado, la Ley de Amnistía no puede ser invocada como motivo para suspender el juicio. Esta ley, que fue aprobada recientemente, no tiene efecto retroactivo y no puede amparar delitos graves como los que se imputan a los miembros de los CDR. Pretender utilizarla como argumento para evitar la acción de la justicia es un intento de burlar el Estado de derecho y proteger a quienes han cometido actos terroristas.
Es importante destacar que la investigación judicial ha revelado la existencia de un grupo radicalizado dentro de los CDR, conocido como el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), que estaba dispuesto a utilizar la violencia para conseguir la independencia de Cataluña. Este grupo habría llevado a cabo acciones contundentes, como cortar carreteras y verter aceite en la vía por donde pasaría la comitiva que trasladaba a los condenados por el ‘procés’. Además, habrían planeado ocupar el Parlament de Cataluña y realizar atentados con explosivos contra diversos objetivos.
Ante estas evidencias, es fundamental que se haga justicia y se aplique todo el peso de la ley a los responsables de estos delitos. La sociedad no puede permitir que grupos que utilizan la violencia para imponer sus ideas políticas queden impunes. Es necesario que el sistema judicial actúe con contundencia y garantice que estos individuos sean juzgados de manera justa y se les impongan las penas correspondientes.
En conclusión, la solicitud de suspensión del juicio por parte de la defensa de los miembros de los CDR carece de fundamento jurídico y solo busca evitar que se haga justicia. Es importante que la Audiencia Nacional continúe con el proceso y garantice que se aplique todo el peso de la ley a quienes han cometido actos terroristas. La sociedad no puede permitir que grupos violentos queden impunes y es responsabilidad del sistema judicial garantizar la seguridad y la protección de todos los ciudadanos.
