La organización HRW acusa al Congreso peruano de violar el Estado de derecho con sus decisiones sobre la Junta de Justicia

La reciente decisión del Congreso de Perú de destituir a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia ha generado una preocupación significativa en cuanto al estado de derecho y la separación de poderes en el país. Esta acción representa un claro avasallamiento del Estado de derecho y un grave atentado contra la independencia judicial.

La organización Human Rights Watch ha expresado su profunda preocupación por estas medidas adoptadas por el Congreso, afirmando que debilitan gravemente a uno de los pocos organismos independientes que podría servir como contrapeso frente a las prácticas abusivas de los legisladores. Además, se teme que estas acciones tengan como objetivo obstaculizar investigaciones sobre prácticas irregulares y influir en el nombramiento de jueces.

Es alarmante ver cómo el Congreso de Perú ha estado intentando durante meses destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia, cuyos mandatos están vigentes hasta enero de 2025. Sin embargo, estas acciones se han acelerado después de que un equipo de fiscales anticorrupción denunciara medidas adoptadas por la fiscal general. Parece que en lugar de servir a la ciudadanía, muchos congresistas están utilizando sus cargos para perseguir sus propios intereses, sin importarles el impacto en los derechos humanos y la rendición de cuentas propias de una democracia.

Es importante destacar que la Constitución de Perú solo permite la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por «causa grave», y Human Rights Watch señala que no se ha presentado ninguna causa de este tipo en este caso. Es necesario que se respeten los principios fundamentales del Estado de derecho y se garantice la independencia judicial en todo momento.

Ante esta preocupante situación, Human Rights Watch ha instado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a convocar a su Consejo Permanente para abordar los constantes ataques a la independencia judicial en Perú. Estos ataques se han venido produciendo durante varios años, desde los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional hasta la elección de un Defensor del Pueblo sin experiencia.

Además, es alarmante que en febrero de este año un grupo de diputados haya presentado un proyecto de ley que, de ser aprobado, declararía en «emergencia» al Ministerio Público. Esto permitiría destituir al fiscal general y a los otros cinco miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Estas acciones solo contribuirían a socavar aún más la independencia judicial y la lucha contra la corrupción en el país.

Es fundamental que se respete la independencia judicial y se garanticen los principios del Estado de derecho en Perú. La separación de poderes y el respeto a los derechos humanos son pilares fundamentales de una democracia fuerte y saludable. Es responsabilidad de las instituciones y los líderes peruanos garantizar que se respeten estos principios y se proteja la integridad y la independencia de la justicia en el país.

Redacción

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