La nueva ley de seguridad nacional presentada en Hong Kong ha generado fuertes críticas por parte de activistas y opositores, quienes temen que esta medida resulte en un recorte de libertades y derechos para las voces disidentes en la región. Esta legislación tipifica nuevos delitos y endurece las penas de prisión por traición, sedición, subversión, espionaje, sabotaje e injerencia extranjera.
La ley ha sido configurada en base al artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong, que establece que el Ejecutivo local debe aprobar sus propias leyes en relación a los delitos mencionados anteriormente. Sin embargo, esta nueva normativa ha generado preocupación entre diplomáticos y empresas extranjeras, quienes temen un aumento de la censura en la región.
Es importante destacar que desde la aprobación de la ley de seguridad nacional por parte de China en 2020, 291 personas han sido detenidas por «poner en peligro la seguridad nacional», de las cuales 174 han sido imputadas y otras 112 esperan conocer su sentencia. Estos números son alarmantes y demuestran el impacto que esta ley ya ha tenido en la sociedad hongkonesa.
Las voces críticas y activistas de Hong Kong temen que esta nueva ley tenga un efecto negativo en los derechos y libertades de la población, que ya venían restringiéndose. Aunque las autoridades argumentan un «deber constitucional» al ratificar esta ley, es fundamental recordar que también deben tener en cuenta las garantías constitucionales, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho.
Grupos de periodistas y el Colegio de Abogados han solicitado a las autoridades que aclaren ciertos aspectos de la ley, como la definición de secretos de Estado y la introducción de un principio de «interés público». Además, se ha pedido que se proporcionen definiciones más claras de los delitos propuestos, como la cuestión de los secretos de Estado y la injerencia extranjera.
Es evidente que esta nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong ha generado preocupación y críticas por parte de diferentes sectores. Resulta fundamental que las autoridades tengan en cuenta estas opiniones y consideraciones, garantizando el respeto a los derechos y libertades de la población, así como el debido proceso legal y el acceso a una defensa adecuada. Solo de esta manera se podrá mantener la confianza en el sistema de justicia y evitar un recorte de las libertades en Hong Kong.