La implementación de un nuevo servicio de mediación penal para adultos es sin duda un avance positivo en el sistema de justicia, sin embargo, es importante analizar críticamente los detalles de esta medida.

En primer lugar, es destacable el reconocimiento por parte del director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón, de la labor social que realizan los abogados y procuradores que prestan servicio en el sistema de Justicia Gratuita. Es innegable que estos profesionales son fundamentales para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, independientemente de sus recursos económicos.

No obstante, resulta preocupante que las retribuciones económicas que reciben estos profesionales no se hayan actualizado desde hace 14 años. Si bien es cierto que se ha realizado un incremento del 4% el año pasado, es insuficiente para compensar la inflación y la creciente carga de trabajo que enfrentan los abogados y procuradores en el ejercicio del turno de oficio.

Además, si bien se ha anunciado un incremento medio del 20% en las retribuciones, no se especifica de qué manera se distribuirá este incremento entre los profesionales del turno de oficio. Es importante garantizar que todas las categorías y niveles de experiencia sean adecuadamente remunerados, de manera que se incentive la participación de abogados y procuradores en el sistema de Justicia Gratuita.

Por otro lado, la inclusión de la mediación como nuevo servicio dentro del sistema de Justicia Gratuita es una medida positiva que busca fomentar la resolución de conflictos de manera pacífica y consensuada. No obstante, es necesario garantizar que esta nueva alternativa no se convierta en una competencia desleal para los abogados y procuradores, sino que se promueva como una herramienta complementaria que pueda ser utilizada de manera conjunta con la representación legal.

Es alentador que se esté trabajando en la implementación del Servicio de Mediación Penal Intrajudicial para Adultos (SMPA) y que se destine una inversión considerable para su funcionamiento en la provincia de Huelva. Sin embargo, es importante asegurar que este servicio cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para su correcto funcionamiento, así como establecer mecanismos de evaluación y supervisión para garantizar su eficacia y cumplimiento de los estándares de calidad.

Por último, es alentador saber que se está trabajando en la creación de un Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación de Andalucía, así como en la ampliación de los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía. Estas medidas pueden contribuir a fortalecer y expandir la mediación como herramienta para la resolución de conflictos en la región.

En conclusión, si bien la implementación del nuevo servicio de mediación penal para adultos es un avance positivo en el sistema de justicia, es necesario asegurar que se realicen los ajustes necesarios para garantizar una adecuada remuneración de los profesionales del turno de oficio, así como establecer mecanismos de supervisión y evaluación para asegurar la eficacia del servicio de mediación. Solo así podremos lograr una justicia más accesible, equitativa y eficiente.