La noticia sobre el pago realizado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública a los consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores por los servicios prestados en el sistema de Justicia Gratuita durante el último trimestre de 2023, plantea varios aspectos críticos que deben ser analizados.

En primer lugar, es importante destacar que este pago se realiza con un importante retraso, ya que se trata del último trimestre de 2023 y el abono se efectuó en febrero de 2024. Este tipo de demoras en los pagos generan un perjuicio económico para los profesionales que prestan sus servicios en el turno de oficio y en las guardias, quienes muchas veces dependen de estos ingresos para su sustento.

Además, es preocupante que este pago se haya realizado una vez comprobadas las certificaciones y sin presentar ningún error. Este hecho sugiere que en ocasiones anteriores ha habido problemas en la presentación de las certificaciones o en su comprobación, lo que ha llevado a retrasos en los pagos. Esto evidencia una falta de eficiencia y organización en la gestión de los pagos por parte de la Consejería.

Otro aspecto crítico es la cuantía de los pagos realizados. Si bien es positivo que se destinen recursos económicos para remunerar los servicios de los profesionales de la Justicia Gratuita, resulta insuficiente en comparación con la labor que desempeñan. Los abogados y procuradores que participan en el turno de oficio y en las guardias realizan una importante labor social al brindar asistencia jurídica a aquellos ciudadanos que no pueden costearse un abogado particular. Por tanto, es necesario que se valore adecuadamente su trabajo y se les remunere de manera justa y acorde a la importancia de su labor.

Asimismo, es relevante mencionar que el próximo pago a los abogados y procuradores se realizará con la nueva Orden de módulos y bases que regula las compensaciones económicas que perciben estos profesionales. Si bien esto puede ser visto como un avance, es necesario asegurar que las nuevas bases de remuneración sean adecuadas y justas, y que realmente reflejen el valor del trabajo realizado por los profesionales de la Justicia Gratuita.

Por último, es positivo que la nueva Orden incluya la retribución por procedimientos que antes no eran cubiertos por la Justicia Gratuita, como el asesoramiento en procesos de mediación o el trabajo desempeñado a requerimiento judicial aunque la persona atendida no tenga derecho a un abogado de oficio. Sin embargo, es necesario asegurar que estas nuevas cuantías sean suficientes y que se garantice una cobertura adecuada para estos casos.

En conclusión, si bien es positivo que se realicen pagos a los profesionales de la Justicia Gratuita, es necesario que se aborden y solucionen los problemas de retrasos en los pagos, se establezcan remuneraciones justas y adecuadas, y se garantice una cobertura amplia y suficiente en los casos que antes no eran cubiertos. Es fundamental valorar y reconocer el importante trabajo que realizan los abogados y procuradores en la Justicia Gratuita, y asegurar que cuenten con las condiciones necesarias para desempeñar su labor de manera eficiente y efectiva.