La noticia sobre el abono de los servicios prestados en el sistema de Justicia Gratuita durante el último trimestre de 2023 por parte de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública a los consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores plantea varios aspectos críticos que merecen ser analizados.

En primer lugar, es importante destacar que el pago de los servicios prestados en el sistema de Justicia Gratuita es fundamental para garantizar la asistencia jurídica a todos los ciudadanos que no pueden costearse un abogado. Sin embargo, resulta preocupante que estos pagos se realicen con retraso, como se menciona en la noticia. Es inaceptable que los profesionales del derecho tengan que esperar hasta un año para recibir la compensación por su trabajo. Esto no solo afecta a su economía personal, sino que también puede comprometer su capacidad para seguir prestando servicios de calidad en el sistema de Justicia Gratuita.

En segundo lugar, es destacable que la nueva Orden de módulos y bases que regula las compensaciones económicas para los abogados y procuradores, y que entró en vigor el 1 de enero de 2023, incrementa sus retribuciones por primera vez desde 2009. Si bien es positivo que se haya producido un aumento en las retribuciones, resulta cuestionable que haya pasado tanto tiempo sin que se haya realizado una actualización de las mismas. Durante todos estos años, los profesionales del derecho han tenido que enfrentarse a una inflación y a un encarecimiento de los costos de vida, mientras sus compensaciones permanecían estancadas.

Además, es importante mencionar que la nueva orden incluye la retribución por procedimientos que hasta ahora no eran cubiertos por la Justicia Gratuita, como el asesoramiento en procesos de mediación o el trabajo desempeñado a requerimiento judicial, aunque finalmente la persona atendida no tenga derecho a un abogado de oficio por no cumplir los requisitos. Esta ampliación de los servicios cubiertos por la Justicia Gratuita es positiva, ya que permite una mayor cobertura y acceso a la justicia para aquellos ciudadanos que lo necesitan. Sin embargo, es necesario asegurar que los profesionales del derecho reciban una compensación justa por estos nuevos servicios, ya que implican una carga de trabajo adicional.

En resumen, si bien es positivo que se hayan realizado pagos para retribuir los servicios prestados en el sistema de Justicia Gratuita, es necesario destacar la importancia de que estos pagos se realicen de forma puntual y sin retrasos. Asimismo, es fundamental que las retribuciones de los abogados y procuradores sean justas y actualizadas, teniendo en cuenta el contexto económico en el que se desenvuelven. Solo así podremos garantizar la calidad y la disponibilidad de los servicios de Justicia Gratuita para todos los ciudadanos.