La noticia publicada sobre el abono de los servicios prestados en el sistema de Justicia Gratuita durante el último trimestre de 2023, por parte de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, genera una serie de reflexiones críticas sobre el funcionamiento y la remuneración de los profesionales del derecho en este ámbito.
En primer lugar, es importante destacar que el abono de estas retribuciones se realiza con un retraso significativo. Según la noticia, el pago fue realizado el 6 de febrero de 2024, lo que implica que los profesionales han tenido que esperar varios meses para recibir la compensación económica por los servicios prestados. Este retraso en los pagos afecta directamente a la estabilidad económica de los abogados y procuradores, generando inseguridad y dificultades para su desarrollo profesional.
Además, es necesario resaltar que los importes abonados no parecen compensar adecuadamente el trabajo realizado por los profesionales. Según la noticia, se han abonado 2.368.487,19 euros a los profesionales gaditanos, de los cuales 168.046,32 euros corresponden a los procuradores y 2.200.440,87 euros a los abogados. Estas cifras, aunque puedan parecer significativas a primera vista, no reflejan el esfuerzo y la dedicación que implica la prestación de servicios en el sistema de Justicia Gratuita. Los profesionales del derecho se enfrentan a una elevada carga de trabajo, largas jornadas laborales y una gran responsabilidad en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad. Por tanto, resulta necesario que las compensaciones económicas se ajusten de manera más justa y equitativa a la labor desempeñada.
Asimismo, es relevante mencionar que la nueva Orden de módulos y bases que regula las compensaciones económicas para los abogados y procuradores, y que entró en vigor el 1 de enero de 2024, supuestamente incrementará las retribuciones por primera vez desde 2009. Si bien este incremento es positivo, resulta insuficiente y tardío. Durante años, los profesionales del derecho han visto cómo sus remuneraciones se han mantenido estancadas, sin tener en cuenta el aumento del coste de vida y la inflación. Esto ha generado una situación de precariedad económica que ha afectado negativamente a la calidad de los servicios prestados en el sistema de Justicia Gratuita.
Por último, es importante mencionar que la nueva Orden también incluye la retribución por procedimientos que hasta ahora no eran cubiertos por la Justicia Gratuita, como el asesoramiento en procesos de mediación o el trabajo desempeñado a requerimiento judicial aunque finalmente la persona atendida no tenga derecho a un abogado de oficio por no cumplir los requisitos. Si bien es positivo que se amplíe el alcance de la Justicia Gratuita, es fundamental garantizar que estas nuevas tareas sean debidamente remuneradas. Los profesionales del derecho no pueden asumir una carga de trabajo adicional sin recibir una compensación económica acorde.
En conclusión, la noticia sobre el abono de los servicios prestados en el sistema de Justicia Gratuita durante el último trimestre de 2023 pone de manifiesto la necesidad de realizar una revisión profunda del sistema de remuneración de los abogados y procuradores en este ámbito. Es fundamental que se reconozca adecuadamente el trabajo y la dedicación de estos profesionales, garantizando unas compensaciones económicas justas y acordes a la labor desempeñada. Solo así se podrá asegurar una asistencia jurídica de calidad a todos los ciudadanos y se podrá fortalecer el acceso a la justicia.