El cambio de paradigma en la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia es un tema de vital importancia y que merece ser destacado. Sin embargo, en base a la noticia presentada, es necesario hacer una crítica constructiva sobre la falta de concreción en las medidas a tomar y la ausencia de enfoque jurídico en el discurso de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En primer lugar, es preocupante que la ministra no haya proporcionado detalles sobre cómo se va a desarrollar la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Sin una hoja de ruta clara y medidas concretas, la ley corre el riesgo de convertirse en un mero documento simbólico sin impacto real en la protección de los niños y adolescentes.

Además, es necesario destacar que el enfoque de la ministra en la visibilización y el reconocimiento de las víctimas de la violencia vicaria y la violencia de género es fundamental, pero no debe olvidarse la importancia de un enfoque jurídico en la lucha contra estas formas de violencia. Es necesario fortalecer los mecanismos legales y las herramientas judiciales para garantizar la protección efectiva de los niños y adolescentes víctimas de estas violencias.

Asimismo, la afirmación de la ministra sobre la opinión de los niños como «sujetos activos de derechos» es loable, pero también debe ir acompañada de un marco legal que garantice que su voz sea escuchada y tenida en cuenta en los procesos judiciales y de toma de decisiones que les afecten. Es fundamental que se implementen mecanismos que permitan la participación efectiva de los niños en estos procesos, respetando siempre su capacidad de comprensión y su interés superior.

En cuanto a la afirmación de que «un maltratador no puede ser un buen padre», es importante recordar que la ley debe garantizar los derechos de los niños a mantener una relación con ambos progenitores, siempre y cuando esta relación no ponga en peligro su integridad física o emocional. Es fundamental que se realice una evaluación rigurosa de los casos de violencia y se tomen las medidas necesarias para proteger a los niños sin violar sus derechos a la relación con ambos padres.

En resumen, si bien es alentador que se esté debatiendo y trabajando en la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, es necesario que las autoridades competentes, como la ministra de Juventud e Infancia, brinden detalles concretos sobre las medidas a tomar y se enfoquen en fortalecer el marco legal y los mecanismos judiciales para garantizar una protección efectiva. Solo así podremos asegurar que la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia tenga un impacto real y positivo en la vida de los niños y adolescentes.