La reciente sentencia de la Audiencia Nacional que anula la resolución de los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ante una huelga de CGT en Adif es un claro ejemplo de la falta de justificación y transparencia en la fijación de dichos servicios mínimos.
La falta de motivación y proporcionalidad en la resolución impugnada evidencia una actuación arbitraria por parte del Ministerio, que no ha sido capaz de justificar los motivos para la fijación del personal necesario para llevar a cabo los servicios mínimos. Esta falta de explicación y transparencia va en contra de los principios básicos del derecho laboral y de los derechos de los trabajadores.
El sindicato CGT ha denunciado que los servicios mínimos fueron «absolutamente abusivos», no solo por los porcentajes falsos de trabajadores obligados a prestar servicio, sino también por incluir obras de construcción y mejora y trabajos preventivos para el personal de infraestructura. Esta falta de proporcionalidad y la inclusión de tareas que no deberían formar parte de los servicios mínimos demuestran una clara intención de obstaculizar el derecho de los trabajadores a la huelga.
Es preocupante que se haya permitido durante tanto tiempo esta falta de justificación en la fijación de servicios mínimos en las huelgas. Estas decisiones afectan directamente a los derechos laborales de los trabajadores y deben ser tomadas de manera transparente y justa, teniendo en cuenta las necesidades reales de la empresa y garantizando el derecho a la huelga.
Esta sentencia es un paso importante para frenar el abuso en la fijación de servicios mínimos durante las huelgas y condicionará los servicios mínimos en futuras convocatorias. Sin embargo, es necesario seguir luchando por la transparencia y la justicia en la fijación de estos servicios, para garantizar el respeto de los derechos laborales de los trabajadores.
En conclusión, la anulación de la resolución de los servicios mínimos en la huelga de CGT en Adif por falta de justificación es una muestra clara de la falta de transparencia y proporcionalidad en la fijación de estos servicios. Es fundamental que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores y se tomen decisiones justas y transparentes en este ámbito.
