La Fiscalía solicita el traslado a España de una fiscal antiterrorista afgana que se refugió en Pakistán tras la llegada de los talibán

Un acto de justicia y solidaridad en favor de una fiscal antiterrorista afgana

La noticia de la solicitud de traslado a España de una fiscal antiterrorista afgana, quien huyó de su país debido a la toma de poder de los talibanes, nos pone frente a una situación que merece ser analizada y apoyada desde la perspectiva de la justicia y la solidaridad internacional.

En primer lugar, es importante destacar el valioso trabajo desempeñado por esta fiscal antiterrorista en Afganistán, donde participó activamente en la investigación y acusación de un líder de Estado Islámico. Su labor fue fundamental para la lucha contra el terrorismo en su país, poniendo en riesgo su propia vida y la de su familia.

Sin embargo, la llegada de los talibanes al poder ha generado un escenario de amenaza y peligro para esta fiscal y su hijo. La liberación de criminales y terroristas que ella había acusado, sumado al atentado suicida que le arrebató la vida a su esposo, han dejado en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentra.

La Fiscalía, consciente de la gravedad de la situación, ha solicitado su traslado a España como medida cautelar para permitirle presentar una solicitud de protección internacional. Esta petición se basa en la Ley 12/2009, que establece que corresponde al Ministro del Interior español dictar la resolución sobre el derecho de asilo.

Es importante resaltar que la Policía ha confirmado la veracidad de los datos presentados por la fiscal afgana y ha manifestado que sus temores son «verosímiles y justificados» debido a su condición de mujer y fiscal. Esto refuerza la necesidad de brindarle la protección necesaria para salvaguardar su vida e integridad.

Sin embargo, la denegación inicial de la medida cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dejado en un limbo legal la situación de esta fiscal. Es fundamental que la Audiencia Nacional tome cartas en el asunto y se pronuncie a favor de su traslado a España, garantizando así el acceso a la protección internacional que solicita.

No podemos olvidar que el derecho de asilo es un derecho fundamental reconocido por la comunidad internacional y que, en casos como este, la solidaridad y la justicia deben prevalecer. Negarle la posibilidad de solicitar protección internacional a esta fiscal antiterrorista sería un acto de injusticia y un abandono de nuestras responsabilidades como país.

Esperamos que la Audiencia Nacional tome en consideración la grave situación de riesgo que enfrenta esta fiscal y su hijo, y que actúe en concordancia con los principios de justicia y solidaridad que deben regir nuestras acciones. No podemos dar la espalda a quienes han arriesgado su vida en la lucha contra el terrorismo y que ahora buscan protección en nuestro país.

Redacción

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