La Fiscalía insta a la AN a rectificar la determinación de Pedraz de entregar el caso del hijo de Obiang a Guinea Ecuatorial.

Artículo de opinión: La falta de cooperación en el caso de los opositores desaparecidos del MLGE3R

En base a la reciente noticia sobre el recurso presentado por la Fiscalía y los familiares de los opositores del MLGE3R desaparecidos, resulta evidente la falta de cooperación por parte de las autoridades de Guinea Ecuatorial en relación a este caso. La decisión del juez Santiago Pedraz de ceder la jurisdicción a Guinea Ecuatorial para investigar el presunto secuestro y desaparición de los miembros del MLGE3R es cuestionable y merece una crítica fundamentada.

El fiscal Vicente González Mota argumenta en su recurso que el inicio del delito tuvo lugar en España y que el procedimiento ya había sido transformado en sumario, por lo que no era obligatorio ceder la jurisdicción. Además, destaca que las víctimas residían en España y se dedicaban al ejercicio de la actividad política, lo cual es una actividad legal y protegida por la Constitución.

Es alarmante que, a pesar de estas argumentaciones, el juez haya decidido ceder la jurisdicción a Guinea Ecuatorial. El fiscal señala que el secuestro de los opositores fue organizado y que se ha soslayado la actividad jurisdiccional española en materia de cooperación internacional. Además, destaca que no se ha emitido una orden internacional de detención para los secuestradores.

Por otro lado, los familiares de los opositores desaparecidos también han recurrido la decisión del juez y alegan una falta absoluta de cooperación por parte de Guinea Ecuatorial. Además, destacan que existen diligencias pendientes de práctica o de recepción, y que la cesión de jurisdicción es competencia exclusiva de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Es preocupante que en este caso se haya cedido la jurisdicción a un país donde no se garantiza la independencia del poder judicial. El testimonio del expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial, quien reconoció que el presidente Teodoro Obiang influye sobre los jueces, es una clara muestra de esta falta de independencia judicial.

Además, la representación legal de los familiares destaca que la jurisdicción española es la preferente debido a las conexiones territoriales en el recorrido de los hechos. Si existe concurrencia de jurisdicciones, se debe seguir en España, donde se encontraban los investigados durante la comisión del delito.

En resumen, la falta de cooperación por parte de Guinea Ecuatorial en este caso es evidente. La decisión del juez de ceder la jurisdicción a este país es cuestionable y merece ser revisada. Es fundamental garantizar la independencia judicial y proteger los derechos de las víctimas y sus familiares. La documentación completa y la participación equitativa de todas las partes involucradas deben ser elementos fundamentales en la resolución de este caso. La justicia no debe ser comprometida en aras de intereses políticos o influencias externas.

Redacción

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