La decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de archivar las diligencias preprocesales que investigaban al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por su presunta participación en crímenes de ETA cometidos entre los años 1978 y 1983 es, sin duda, una muestra más de las deficiencias del sistema de justicia en España.
La denuncia presentada por la asociación Dignidad y Justicia en octubre pasado, basada en noticias publicadas en el diario ‘El Mundo’, señalaba la posible implicación de Otegi en varios secuestros y en la orden de asesinar a un político. Sin embargo, la Fiscalía ha considerado que los hechos están prescritos o existe cosa juzgada, y por lo tanto, no procede investigar a Otegi.
Esta decisión es decepcionante y genera una sensación de impunidad. Es incomprensible que se descarten investigaciones basadas en información periodística sin hacer un análisis exhaustivo de los hechos y sin tener en cuenta las nuevas evidencias presentadas. Además, resulta sorprendente que las autoridades fiscales y judiciales no tuvieran conocimiento de estas revelaciones hasta que fueron publicadas en los medios de comunicación.
Es preocupante que se sigan archivando casos importantes sin una investigación adecuada. Esto solo refuerza la percepción de impunidad y falta de transparencia en el sistema judicial. Los ciudadanos merecen una justicia que actúe de manera imparcial y que investigue cualquier indicio de delito, sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión.
Es necesario que se revisen los procedimientos y se fortalezca la independencia y autonomía de la justicia en España. La sociedad exige respuestas y una justicia que realmente garantice la verdad y la justicia para todas las víctimas. No podemos permitir que casos de violencia y terrorismo queden impunes por falta de voluntad o negligencia en la investigación.
En conclusión, la decisión de la Fiscalía de archivar las diligencias preprocesales que investigaban a Arnaldo Otegi es un ejemplo más de las deficiencias del sistema judicial en España. Es necesario que se realicen cambios profundos para garantizar una justicia imparcial, transparente y que investigue todos los casos sin importar el tiempo transcurrido. Los ciudadanos merecen una justicia que actúe en defensa de sus derechos y que no permita la impunidad.