La decisión de la Comisión Europea de desbloquear 10.200 millones de euros en fondos de cohesión para Hungría es una clara muestra de la falta de compromiso de la UE con el Estado de derecho y los valores democráticos. Es preocupante que Bruselas defienda esta decisión argumentando que Budapest ha avanzado suficientemente en las reformas para reforzar la independencia judicial, cuando los eurodiputados rechazan esta afirmación debido a la deriva antidemocrática del Gobierno de Orbán.
La comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo (JURI) ha acordado pedir denunciar a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por esta decisión, y es una medida necesaria para asegurar que se respeten los principios fundamentales de la UE. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, debe seguir esta recomendación y tomar acciones legales contra Bruselas por liberar estos fondos.
Es inaceptable que la Comisión Europea haya considerado que el Gobierno húngaro ha cumplido con la reforma judicial necesaria para corregir los problemas de Estado de derecho que llevaron a congelar estos fondos. La Eurocámara ha denunciado en repetidas ocasiones la amenaza sistémica que representa el Gobierno húngaro para los derechos fundamentales en la Unión Europea, y es evidente que no se puede confiar en la evaluación de Bruselas.
La decisión de la Comisión Europea no solo pone en peligro los principios democráticos y el Estado de derecho en Hungría, sino que también envía un mensaje preocupante a otros países miembros de la UE. Si se permite que un gobierno antidemocrático reciba fondos de cohesión sin cumplir con los requisitos fundamentales de la UE, se debilita la credibilidad y la integridad de la Unión Europea en su conjunto.
La denuncia contra la Comisión Europea que se preparará en los próximos días es un paso extremo pero necesario. No se puede permitir que las decisiones de la UE se compren o vendan con efectivo. Es fundamental que se protejan los valores democráticos y se garantice que los fondos de la UE se destinen a países que respeten el Estado de derecho y los derechos fundamentales.
En resumen, la decisión de la Comisión Europea de desbloquear fondos de cohesión para Hungría a pesar de las preocupaciones sobre el Estado de derecho y la deriva antidemocrática del Gobierno de Orbán es una muestra de la falta de compromiso de la UE con los valores democráticos. Es necesario que la presidenta de la Eurocámara tome acciones legales contra Bruselas y se asegure de que se respeten los principios fundamentales de la UE. No se puede permitir que los fondos de la UE se destinen a países que no cumplen con los requisitos democráticos y de Estado de derecho.
