La noticia sobre la orden de detención contra Carmelo Ovono Obiang, hijo de Teodoro Obiang, y otros funcionarios guineanos por el presunto secuestro y desaparición de miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R) plantea varios interrogantes sobre la actuación del juez Santiago Pedraz y la justicia española en este caso.
En primer lugar, resulta preocupante que el juez Pedraz haya denegado inicialmente las órdenes de detención solicitadas por el MLGE3R y las familias de las víctimas. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha corregido esta decisión, señalando que el juez no ha justificado de forma razonada su negativa a emitir las órdenes de busca y captura. Esta falta de fundamentación es una muestra de una deficiente argumentación jurídica por parte del juez instructor.
Además, la Sala de lo Penal destaca que los investigados se encuentran en situación de rebeldía al no comparecer ante el juez a pesar de haberseles ofrecido la posibilidad de hacerlo a través de videoconferencia. Esta actitud de los investigados, sumada a los datos recabados en la investigación y los seguimientos realizados, hacen que existan indicios de su posible implicación en los hechos. Por tanto, resulta razonable dictar las órdenes de detención para garantizar su comparecencia y el avance de la investigación.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que este auto de la Sala de lo Penal no resuelve la cuestión de competencia que puede surgir entre las autoridades de Guinea Ecuatorial y las españolas. Este aspecto deberá ser discutido y resuelto en su momento, pero no debe ser motivo para obstruir la acción de la justicia española en la fase actual del procedimiento.
En definitiva, la actuación del juez Santiago Pedraz en este caso ha sido cuestionada y corregida por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Es fundamental que los jueces actúen con rigurosidad y fundamenten de forma adecuada sus decisiones, especialmente en casos tan delicados como este. La justicia debe prevalecer y garantizar que los responsables de delitos graves, como el secuestro y desaparición de personas, sean llevados ante los tribunales y respondan por sus acciones.
