La reciente decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de desestimar los recursos de los investigados en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ y enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo ha generado polémica y críticas por parte de la defensa de los implicados. En mi opinión como abogado experimentado, considero que esta decisión plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la independencia del sistema judicial en España.
En primer lugar, resulta preocupante que la Sala de lo Penal se haya limitado a acatar la decisión del Tribunal Supremo sin realizar un análisis exhaustivo de los recursos presentados por los investigados. Esto demuestra una falta de voluntad por parte de la Audiencia Nacional de ejercer su función de control y revisión de las decisiones judiciales, lo que pone en entredicho la garantía de un juicio justo y equitativo.
Además, la decisión de enviar la causa al Tribunal Supremo sin tener en cuenta los argumentos planteados por la defensa de los investigados refleja una falta de consideración hacia los derechos fundamentales de los imputados. Es responsabilidad del sistema judicial asegurar que se respeten los principios de igualdad ante la ley y el derecho a la defensa, y esta decisión parece pasar por alto estos principios fundamentales.
Por otro lado, resulta cuestionable la negativa del Tribunal Supremo a que la instrucción sea llevada por los juzgados del Prat de Llobregat. Esta decisión parece estar basada en la consideración de que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de terrorismo, lo cual plantea interrogantes sobre la objetividad y la imparcialidad de la justicia en este caso.
Es preocupante que se utilice el argumento de la calificación de los delitos como terrorismo para justificar la centralización de la instrucción en el Tribunal Supremo. Esto podría interpretarse como una estrategia para limitar la competencia de los juzgados ordinarios y concentrar el poder en instancias superiores, lo cual va en detrimento del principio de descentralización judicial y la distribución equitativa de competencias entre los diferentes órganos jurisdiccionales.
En conclusión, la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de desestimar los recursos y enviar la causa al Tribunal Supremo plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la independencia del sistema judicial en España. Es fundamental que se garantice un juicio justo y equitativo para todos los implicados en el caso de ‘Tsunami Democràtic’, respetando los principios fundamentales del derecho y asegurando la igualdad ante la ley.
