La querella presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra el PSOE, Patxi López, Junts y ERC por la Ley de la Amnistía, es una clara muestra de la preocupante intromisión de los partidos políticos en el ámbito judicial. Esta medida, que la fundación considera un «asalto» a la independencia judicial, pone de manifiesto la usurpación de funciones por parte de los poderes públicos.
Es importante recordar que la independencia judicial es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho. Los poderes públicos deben respetar y no intervenir en el ámbito jurisdiccional, dejando que los tribunales actúen de forma autónoma e imparcial. Sin embargo, en este caso, los partidos políticos han firmado acuerdos y propuesto leyes que, según la querella, buscan favorecer a determinados grupos y otorgar impunidad a ciertos delitos.
La fundación acusa a los querellados de haberse concertado para impedir que los órganos jurisdiccionales competentes puedan ejecutar las resoluciones judiciales relacionadas con los delitos cometidos por los afiliados y simpatizantes de ERC y Junts. Esto supone una clara usurpación de las funciones del poder judicial, ya que son los jueces quienes deben resolver los casos y aplicar la justicia de acuerdo con la ley.
Además, la fundación considera que estos acuerdos y propuestas de ley tienen como objetivo obtener votos para el candidato del PSOE en la sesión de investidura de Presidente del Gobierno. Esto muestra un claro interés político, en lugar de buscar una solución real a los conflictos existentes.
Es preocupante que los partidos políticos estén utilizando su poder para interferir en el ámbito judicial y tratar de conseguir beneficios políticos a cambio de favorecer a determinados grupos. Esto socava la independencia judicial y debilita la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.
Esperemos que la Audiencia Nacional tome en consideración esta querella y realice las investigaciones correspondientes. Es fundamental que se respete la independencia judicial y se ponga fin a cualquier intento de usurpación de funciones por parte de los poderes públicos. Solo así se podrá garantizar un sistema de justicia imparcial y transparente, que sea capaz de aplicar la ley de forma justa y equitativa para todos los ciudadanos.