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Artículo de opinión: La absolución de Iberdrola Generación España y sus directivos

La reciente noticia sobre la absolución de Iberdrola Generación España y cuatro de sus directivos en relación al delito relativo al mercado y a los consumidores ha generado un importante debate sobre el sistema judicial y su capacidad para juzgar casos de corrupción en el ámbito empresarial.

En primer lugar, es importante destacar que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el resto de las acusaciones no han recurrido la absolución, lo que puede resultar sorprendente. Esto plantea dudas sobre la efectividad de nuestro sistema judicial y la capacidad de las instituciones para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y presentar pruebas sólidas.

El juez encargado del caso ha argumentado que el departamento de Gestión de la Energía de Iberdrola Generación España actuaba de manera autónoma y que sus decisiones eran conocidas y consentidas por la compañía. Además, señaló que este departamento aprobó los estudios y propuestas de los técnicos que fijaban las ofertas de energía en el mercado. Sin embargo, hay que cuestionar si realmente existía un control adecuado por parte de la compañía y si se tomaron las medidas necesarias para evitar cualquier irregularidad.

El magistrado también criticó severamente a los peritos de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) por su análisis poco claro y la falta de explicación sobre sus criterios de razonabilidad. Esto pone en entredicho la rigurosidad de los informes presentados por la CNMC y plantea interrogantes sobre la objetividad de sus conclusiones.

Además, el juez descartó la tesis de que Iberdrola actuó con la intención de desabastecer el mercado o perjudicar a los consumidores como forma de represalia contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, es necesario investigar a fondo cualquier posible conflicto de interés o influencia política en este caso, ya que no se pueden descartar motivaciones ocultas detrás de las acciones de una empresa tan poderosa como Iberdrola.

En resumen, la absolución de Iberdrola Generación España y sus directivos plantea serias dudas sobre la efectividad de nuestro sistema judicial y la capacidad de las instituciones para investigar y juzgar casos de corrupción empresarial. Es necesario garantizar la transparencia y la imparcialidad en estos procesos, así como fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las empresas para prevenir posibles irregularidades. Solo así podremos asegurar la justicia y la equidad en el ámbito empresarial y proteger los derechos e intereses de los consumidores.

Redacción

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