El artículo de opinión crítico sobre la noticia sería el siguiente:

Los recientes trabajos de exhumación llevados a cabo en el Valle de los Caídos han generado una controversia que ha llegado hasta los tribunales. En este caso, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 11 de la Audiencia Nacional ha inadmitido el recurso presentado por la nieta de una mujer enterrada en el Valle, argumentando que las labores de exhumación se están realizando en un lugar diferente al que se encuentra enterrada la abuela de la recurrente.

Si bien es cierto que la decisión del magistrado se basa en el hecho de que existen actuaciones judiciales, normativas y administrativas previas que respaldan estos trabajos, es necesario analizar con detenimiento si se ha actuado de buena fe en este caso.

La recurrente ha sido acusada de no actuar de buena fe, ya que en su primera actuación ante la Administración no consideró que existiera una vía de hecho. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los trabajos de exhumación estén justificados. Es importante recordar que el recurso se tramitó como procedimiento para la protección de derechos fundamentales, y la recurrente alegaba una vulneración del derecho a la libertad religiosa.

La Abogacía del Estado ha argumentado que los restos de la abuela de la recurrente no se encuentran en la Capilla del Sepulcro donde se están realizando las exhumaciones, sino en la Capilla del Pilar, por lo que no se verían afectados por estas actuaciones. Sin embargo, esto no justifica que se realicen pruebas de ADN a los cadáveres sin el consentimiento de los familiares, lo cual podría considerarse una vulneración del derecho a la libertad religiosa.

Es necesario cuestionar si las actuaciones llevadas a cabo por Patrimonio Nacional respetan realmente los derechos fundamentales de los familiares de las personas enterradas en el Valle de los Caídos. La falta de transparencia y la falta de consideración hacia los sentimientos religiosos de los familiares son aspectos que deben ser tomados en cuenta.

En conclusión, si bien el recurso presentado ha sido inadmitido por el Juzgado, es necesario seguir cuestionando las actuaciones de Patrimonio Nacional en el Valle de los Caídos. La protección de los derechos fundamentales, como el derecho a la libertad religiosa, debe ser una prioridad en cualquier procedimiento de exhumación, y es responsabilidad de las autoridades garantizar que se respeten estos derechos.