La reciente sentencia de la Audiencia Nacional anulando la resolución de los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en julio de 2023, ante una huelga de CGT en Adif, pone de manifiesto la falta de justificación y transparencia en la fijación de dichos servicios mínimos.

La sentencia señala que la resolución impugnada no justifica de manera adecuada los motivos para la fijación del personal necesario para llevar a cabo dichos servicios mínimos. Esta falta de explicación y fundamentación en la determinación de los servicios mínimos es un grave problema, ya que afecta directamente a los derechos de los trabajadores y a su derecho fundamental a la huelga.

El sindicato SFF-CGT ha denunciado que los servicios mínimos fijados en esta ocasión fueron «absolutamente abusivos», ya que incluyeron porcentajes «falseados» de trabajadores obligados a prestar servicio, así como obras de construcción y mejora y trabajos de carácter preventivo para el personal de infraestructura. Esta falta de proporcionalidad en la fijación de los servicios mínimos evidencia un claro desequilibrio en perjuicio de los trabajadores y una vulneración de sus derechos laborales.

Es importante resaltar que esta sentencia tiene un impacto significativo, ya que condicionará los servicios mínimos en futuras convocatorias de huelga. Sin embargo, es necesario que se sigan tomando medidas para garantizar una mayor transparencia y justificación en la determinación de los servicios mínimos. Los trabajadores tienen derecho a conocer los motivos y criterios que se utilizan para fijar estos servicios, de manera que puedan ejercer su derecho a la huelga de forma efectiva.

Es fundamental que las autoridades competentes sean conscientes de la importancia de respetar y proteger los derechos laborales de los trabajadores, especialmente en situaciones de conflicto laboral como una huelga. La falta de justificación y transparencia en la fijación de los servicios mínimos no solo vulnera los derechos de los trabajadores, sino que también socava la confianza en el sistema y en las instituciones encargadas de velar por la protección de los derechos laborales.

En conclusión, la sentencia de la Audiencia Nacional en relación a la anulación de los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en julio de 2023 es un paso importante para garantizar una mayor transparencia y justificación en la determinación de estos servicios. Sin embargo, aún se requiere un mayor compromiso por parte de las autoridades competentes para garantizar el respeto de los derechos laborales de los trabajadores en situaciones de conflicto laboral.