La noticia sobre la apertura de diligencias previas por parte de la Audiencia Nacional en relación a la querella presentada por Abogados Cristianos contra el PSOE, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López, Junts y ERC por la Ley de la Amnistía, plantea serias preocupaciones en cuanto a la posible existencia de una infracción penal. Este hecho merece un análisis crítico debido a sus implicaciones legales y políticas.

En primer lugar, es importante destacar que la querella presentada por Abogados Cristianos se basa en la acusación de que los partidos políticos mencionados firmaron acuerdos que llevaron a la aprobación de la Ley de Amnistía. Según la querella, estos acuerdos fueron realizados con el objetivo de obtener votos para el candidato del PSOE en la sesión de investidura de Presidente del Gobierno a cambio de otorgar impunidad a los delitos cometidos por los afiliados y simpatizantes de ERC y Junts.

Si bien es necesario esperar a que la investigación judicial determine los hechos y las personas involucradas, esta acusación plantea serias dudas sobre la independencia judicial y la integridad del sistema político. En un Estado de Derecho, es fundamental que los poderes públicos actúen de manera independiente y se respete la separación de poderes. Si se demuestra que los partidos políticos han utilizado su poder para obtener beneficios políticos a cambio de impunidad, se estaría socavando la confianza en el sistema democrático y en el Estado de Derecho.

Además, la querella menciona que los acuerdos fueron firmados en Bruselas, lo que plantea la cuestión de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los delitos supuestamente cometidos en el extranjero por españoles. Es necesario determinar si la Audiencia Nacional es competente para conocer de estos hechos o si la investigación debería ser asumida por otro tribunal.

En cualquier caso, es fundamental que se realice una investigación exhaustiva y transparente para determinar la veracidad de las acusaciones y, en caso de que se encuentren pruebas suficientes, se tomen las medidas legales correspondientes. La independencia del poder judicial y la imparcialidad en la aplicación de la ley son pilares fundamentales de un Estado de Derecho y deben ser protegidos y respetados en todo momento.

En conclusión, la apertura de diligencias previas por parte de la Audiencia Nacional en relación a la querella presentada por Abogados Cristianos plantea serias preocupaciones sobre la posible existencia de una infracción penal y sus implicaciones para la independencia judicial y la integridad del sistema político. Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva y transparente para determinar la verdad de los hechos y, en caso de ser necesario, se tomen las medidas legales correspondientes para garantizar el respeto al Estado de Derecho.