El reciente auto del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, en el que propone juzgar al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a otros directivos y a la consultora PwC por delitos de estafa a inversores y falsedad contable, plantea una serie de cuestiones críticas en relación a este caso.
En primer lugar, es importante destacar que el juez ha archivado provisionalmente la causa contra el expresidente Emilio Saracho, argumentando que no tuvo ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable y que, por el contrario, tomó medidas para evaluar el balance del banco. Esto parece indicar que el juez ha reconocido que Saracho no tuvo ninguna conducta reprochable en relación a los hechos investigados.
Sin embargo, se propone juzgar a Ángel Ron, a otros doce directivos y a la consultora PwC por estafa a inversores y falsedad contable. El juez sostiene que los inversores que acudieron a la ampliación de capital en 2016 fueron engañados, ya que los estados financieros de ese año y de 2015 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio del banco, ocultando un importante déficit de provisiones.
En este sentido, resulta llamativo que el juez impute a PwC un delito de estafa a inversores, ya que esta consultora es la encargada de auditar las cuentas del banco y debería haber detectado cualquier irregularidad contable. El hecho de que no haya consignado ninguna salvedad en sus informes de auditoría es un aspecto que deberá ser evaluado en el juicio.
Asimismo, el juez también hace referencia a la posible responsabilidad civil del Banco Santander, pero no se pronuncia al respecto en el auto, dejando esta cuestión para el momento de dictar el auto de apertura de juicio oral. Esta es una cuestión relevante, ya que el Banco Santander adquirió el Banco Popular tras su resolución y es importante determinar si tiene alguna responsabilidad en los hechos investigados.
En conclusión, el auto del juez Calama plantea una serie de cuestiones críticas en relación al caso del Banco Popular. Es necesario que se realice un juicio justo y exhaustivo para determinar las responsabilidades de los acusados y esclarecer los hechos investigados.
