La noticia sobre la continuación de la investigación a la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’ por parte del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, y la posterior ratificación por parte del Tribunal Supremo, plantea diversos interrogantes y genera preocupación respecto al respeto a los derechos fundamentales y al estado de derecho en España.
En primer lugar, es importante destacar que el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. Sin embargo, la acusación de cometer «delitos graves de carácter terrorista» contra los integrantes de ‘Tsunami Democràtic’ plantea dudas sobre la proporcionalidad y la justificación de tal calificación.
Es necesario recordar que la calificación de un delito como terrorista implica una serie de consecuencias legales y penales muy graves, así como una afectación directa a los derechos de los acusados. Por lo tanto, es imprescindible asegurar que existan pruebas contundentes y sólidas para sustentar dicha acusación, y que se respeten plenamente los principios de presunción de inocencia y debido proceso.
Además, resulta llamativo que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo estén llevando a cabo dos investigaciones paralelas sobre el mismo caso. Esto puede generar confusión y duplicación de esfuerzos, y plantea interrogantes sobre la eficiencia y coherencia del sistema judicial.
Asimismo, la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg, basándose en la exposición razonada presentada por el juez Manuel García Castellón, también es motivo de preocupación. Es necesario garantizar que dicha exposición razonada cumpla con los requisitos legales y esté debidamente fundamentada, para evitar posibles arbitrariedades o decisiones injustas.
En conclusión, la noticia sobre la continuación de la investigación a ‘Tsunami Democràtic’ plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos fundamentales y al estado de derecho en España. Es necesario asegurar que las acusaciones de delitos graves de carácter terrorista estén debidamente fundamentadas y respaldadas por pruebas sólidas, y garantizar el respeto pleno a los principios de presunción de inocencia y debido proceso. Asimismo, es importante evitar la duplicación de esfuerzos y garantizar la coherencia y eficiencia del sistema judicial.