La AN ratifica el rechazo del juez de enviar a Ibiza la parte del ‘caso Rubiales’ que involucra al director de la Selección

La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de rechazar el recurso presentado por la defensa del director de la Selección masculina de fútbol, Albert Luque, es cuestionable y muestra una falta de fundamentación jurídica sólida. La argumentación del magistrado Alfonso Guevara de que existe una «clara conexidad» entre el posible delito de agresión sexual y las conductas atribuidas a Luque y a los otros imputados, no parece ser suficiente para justificar la no remisión del caso a los juzgados de Ibiza.

La defensa de Luque había solicitado que los hechos atribuidos a su cliente fueran investigados en los juzgados de Ibiza, ya que consideraban que las actuaciones habrían tenido lugar únicamente en esa localidad. Además, argumentaban que no existían indicios de la participación de Luque en las conductas atribuidas al resto de los investigados. Sin embargo, el magistrado Guevara desestimó estos argumentos sin ofrecer una explicación clara y razonada.

Es importante recordar que el derecho a un juicio justo implica que cada imputado debe ser juzgado en el lugar donde se cometieron los supuestos delitos. En este caso, si las supuestas coacciones por parte de Luque ocurrieron en Ibiza, lo lógico sería que el caso fuera instruido por los juzgados de esa localidad. La negativa a remitir el caso a los juzgados de Ibiza puede poner en peligro el derecho de Luque a un juicio justo.

Además, la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional va en contra de la jurisprudencia establecida por el propio tribunal. En enero, el magistrado Francisco de Jorge ya había rechazado la pretensión de Luque de enviar el caso a los juzgados de Ibiza, argumentando que la competencia del asunto correspondía a la Audiencia Nacional. Sin embargo, esta decisión no fue recurrida ni cuestionada por ninguna de las partes en ese momento.

La falta de coherencia en la argumentación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es preocupante y pone en entredicho la imparcialidad y la objetividad del tribunal. Parece haber una clara inclinación a favor de mantener el caso en la Audiencia Nacional, sin tener en cuenta los principios fundamentales del derecho procesal y el derecho a un juicio justo.

En conclusión, la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de rechazar el recurso presentado por la defensa de Albert Luque y no remitir el caso a los juzgados de Ibiza es cuestionable y muestra una falta de fundamentación jurídica sólida. Esta decisión pone en peligro el derecho de Luque a un juicio justo y muestra una falta de coherencia en la argumentación del tribunal. Es necesario revisar esta decisión y garantizar que se respeten los principios fundamentales del derecho procesal.

Redacción

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