La noticia que nos ocupa es un nuevo capítulo del caso Villarejo, en el cual se investiga un supuesto plan para lograr la extradición de un empresario desde Costa Rica. En este caso, la Audiencia Nacional ha acordado que el abogado Ernesto Díaz Bastién sea citado en calidad de investigado, junto con otras tres personas y un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía.
Lo que llama la atención de esta noticia es que el empresario Pedro José Urrutia, quien fue extraditado a España y es considerado perjudicado en esta causa, solicitó que no declararan como testigos aquellas personas que habían realizado el supuesto encargo al comisario Villarejo. Esta petición se basa en la denuncia del Ministerio Fiscal, que señaló la existencia de un «concierto criminal».
El tribunal ha dado la razón a Urrutia y ha acordado que estas personas sean citadas como investigadas, lo cual supone un cambio importante en su situación procesal. Además, el auto de la Sala recuerda que el encargo de Villarejo, conocido como ‘proyecto Iban’, tuvo como clientes a los representantes legales de Asedir Gestión SL, quienes habrían contratado al Grupo Cenyt, liderado por Villarejo.
Según la Fiscalía, Asedir Gestión SL creía haber sido víctima de una importante defraudación y contrató los servicios del Grupo Cenyt para investigar el caso. Sin embargo, la contratación de este grupo habría tenido lugar en 2007, y desde entonces se han producido investigaciones policiales y detenciones tanto en España como en Costa Rica.
Lo más preocupante de esta noticia es la supuesta utilización por parte del Grupo Cenyt de bases restringidas de la policía, lo cual era conocido tanto por los clientes como por el despacho de abogados intermediario. La Fiscalía no ha secundado la petición de Urrutia de citar a Díaz Bastién como imputado, argumentando que los hechos estarían prescritos para él y las otras personas implicadas.
Sin embargo, la Sala de lo Penal considera que mientras no se declare por el órgano judicial correspondiente la extinción de la responsabilidad criminal por prescripción de los hechos, es necesario citar a las personas que hubieran intervenido en ellos como investigadas, para garantizar su derecho de defensa.
En conclusión, esta noticia pone de manifiesto la complejidad y gravedad del caso Villarejo, en el que se investiga un supuesto plan para lograr la extradición de un empresario desde Costa Rica. Además, plantea preocupantes cuestiones sobre el uso indebido de bases de datos policiales por parte del Grupo Cenyt, lo cual debe ser investigado a fondo. Es necesario que se aclaren todos los hechos y se garantice el derecho de defensa de todas las partes implicadas.
